¿Cuántos hornos más?

Desde hoy, Cerro Matoso opera a la mitad por tiempo indefinido. La razón no es el precio del níquel ni la demanda mundial: Canacol Energy le entregó en las últimas semanas menos de 4.000 millones de BTU día, menos de una cuarta parte de lo contratado. La minera pasa solo a jornada diurna, deja de producir cerca de 40 toneladas diarias y calcula un impacto cercano a $1.500 millones. Más de 570 puestos de trabajo quedan afectados. El origen es conocido. Cerro Matoso firmó en 2022 un contrato de suministro vigente hasta 2029. En abril, Canacol pidió a una corte de Alberta terminarlo anticipadamente dentro de su insolvencia, y el 24 de junio esa corte avaló. La Superintendencia de Sociedades deberá decidir si esas órdenes se reconocen en Colombia. Lo decisivo está en el argumento de la propia Canacol: dice que no puede cumplir porque su producción cayó por agotamiento de campos y por inversión insuficiente para reponer reservas. Esa confesión es el diagnóstico del país. Cerro Matoso no está sola en la fila. La solicitud cubre cinco tipos de contratos y compromete a una docena de compañías en siete departamentos del Caribe. Fenalcarbón advirtió que el recorte restaría cerca de 90.000 toneladas anuales de demanda de carbón cordobés. La operación que hoy se reduce sostiene a más de 50.000 personas. Las cifras acompañan. Colombia importaba menos de 3% de su gas en 2023 y hoy cubre cerca de una cuarta parte de la demanda por mar, con una sola planta regasificadora. Moody’s calculó que las reservas probadas cayeron 13% en 2024, menos de 6 años de suministro, y que cerca de 16% de los grandes consumidores industriales ya sustituyó el gas a comienzos de 2026. Anif proyecta faltantes mensuales cercanos a 39% este año y superiores a la mitad en 2027. Fedesarrollo lo cuantificó en decenas de billones de pesos. Sirius, el hallazgo que cambia la ecuación, no entrega antes de 2030. Nada de esto es un accidente de mercado. Es la aritmética de una decisión: congelar nuevos contratos exploratorios y sostener que la transición podía financiarse sin reponer reservas. Este Gobierno recibió un sector en alerta amarilla y lo entrega en rojo. No toda forma de daño público se llama robo. También destruye quien acepta un cargo que no domina y quien obedece una orden ideológica sabiendo que los números decían lo contrario. Marchitar un sector con esa certeza tiene un costo, y lo pagan el empleo formal y la canasta familiar. Quedan tres decisiones urgentes. La primera es jurídica. La Supersociedades debe resolver el reconocimiento del fallo escuchando a la Creg, la Superservicios, el Minminas y la ANH, y publicar sus criterios. La Ley 1116 le exige mirar el interés general: aquí eso significa contar cuántos empleos y cuánta industria dependen de esos contratos antes de darlos por terminados. La segunda es de oferta. El país importa por una sola planta y necesita otra en el Caribe, con decisión de inversión tomada, no anunciada. La tercera es contractual. Un contrato firmado en Colombia no puede evaporarse porque lo autorice un juez extranjero, sin que una autoridad nacional mida antes el efecto sobre el abastecimiento. Esta crisis dejó de anunciarse: empezó a cobrarse. Son 570 puestos golpeados en un municipio sin otro empleador de ese tamaño, un turno completo suprimido, la mitad de los contratos de bienes y servicios recortados y menos regalías para Córdoba. Llevamos años advirtiendo y ya no queda nada que advertir. El 7 de agosto cambia el Gobierno, no la aritmética, y quien llegue recibe la cuenta con los intereses corridos. Un horno apagado se vuelve a encender. Un empleo perdido no. Una regalía que no se giró, tampoco.