Claves para un Estado eficiente

La Productividad Total de Factores (PTF) corresponde a la fracción del crecimiento económico que no se explica por aumentos de capital y trabajo. En otras palabras, la PTF mide el grado de eficiencia con que opera una determinada economía a nivel agregado. Existe consenso en que son las brechas en productividad, y no aquellas en las cantidades empleadas de factores productivos, las que explican las diferencias en las tasas de crecimiento entre países en el largo plazo.
Lamentablemente, la PTF de la economía chilena ha tenido una decepcionante trayectoria en los últimos años. Según la Comisión Nacional de Productividad (CNP), la PTF se contrajo 0,5% y 0,3% en promedio en los períodos 2005-2010 y 2010-2015, respectivamente. Asimismo, retrocedió 0,35% en promedio entre 2016 y 2017. Aunque buena parte del deterioro se explica por la pérdida de productividad del sector minero -consecuencia, principalmente, de la caída en la ley del mineral-, la productividad del sector no minero, al encontrarse estancada desde 2005, tampoco ha contribuido a remediar esta situación.
Por lo anterior, el incremento de 1,3% registrado por la PTF en 2018 podría interpretarse como positivo, pero faltan avances importantes si se pretende que esta variable sostenga ritmos elevados de expansión por un período prolongado.
Incentivos, métricas de desempeño y mejores prácticas
El gasto del gobierno central en Chile bordea el 23% del PIB. Si a esta cifra se le agregan municipalidades, empresas públicas y el Banco Central, resulta evidente que la modernización del Estado constituye uno de los pilares fundamentales para resolver los desafíos de productividad del país.
En este contexto, a mediados del año pasado, el Gobierno presentó un proyecto de ley para reducir el número de trámites e impulsar la digitalización de procesos. Paralelamente, se anunció la creación de un Consejo Asesor para la Modernización del Estado, entidad que debiera estar pronta a entregar sus propuestas. Ambas medidas representan esfuerzos importantes, pero aún insuficientes. El proceso de modernización debe ser una prioridad nacional.
En esa línea debiera contemplarse el establecimiento de estructuras de incentivos efectivas en los distintos niveles de la administración pública, de modo que exista una relación más estrecha entre la productividad y las remuneraciones de los trabajadores estatales. La evaluación de desempeño actual se ha desvirtuado como mecanismo de incentivos. Tal falencia es grave, en especial considerando el inmenso potencial del cambio tecnológico sobre la acción de los funcionarios públicos y la necesidad de flexibilizar sus tareas.
Análogamente, cuando sea factible, debieran introducirse métricas específicas de desempeño agregado en las reparticiones públicas. Esto permitiría tener mayor claridad, por ejemplo, respecto de la conveniencia de nuevos ministerios o la fusión/eliminación de carteras existentes.
En lo que respecta a las empresas estatales, estas aún se rigen por estándares de gobierno corporativo disímiles entre sí y normas de transparencia menos exigentes que las de las sociedades anónimas privadas abiertas. Corregir estas distorsiones constituye un requisito mínimo para aumentar su eficiencia. Sin perjuicio de ello, una agenda modernizadora profunda debiera también contemplar la posibilidad de incorporar al sector privado en la propiedad de las empresas públicas que incurran persistentemente en pérdidas e ineficiencias operacionales. El Estado debe aprender de las mejores prácticas privadas.
Por otra parte, en el marco de la cuarta revolución industrial, resulta urgente acelerar la modernización del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), institución que, según la evidencia, ha tendido a financiar programas que no han contribuido a mejorar la productividad de los trabajadores. Las idas y vueltas en este tema están transformando al Sence en un pesado lastre para el Estado. Este, además, podría facilitar a las personas la búsqueda de empleo mediante innovaciones tecnológicas.
Los anteriores ejemplos ilustran medidas que, de implementarse, podrían incrementar la productividad de los organismos públicos y, por esa vía, tener efectos positivos sobre la productividad de los restantes agentes económicos.
Institucionalidad para monitorear e informarPara incrementar la productividad del Estado resulta clave contar con una entidad independiente y autónoma que sea responsable de su medición en las reparticiones que lo componen. La Comisión Nacional de Productividad puede asumir parte de ese rol, aun cuando todavía debe demostrar la importancia de su existencia. La Dirección de Presupuesto también puede jugar un papel importante en esta materia.
Y es que cualquier esfuerzo que se pretenda realizar para cuantificar e impulsar la productividad del Estado será infructuoso sin una institucionalidad que se haga cargo de monitorear e informar el estado de avance de la agenda de modernización.