Negociaciones por reforma tributaria

Gobierno y oposición entienden de manera distinta el rol y el impacto de los impuestos sobre el desarrollo del país. Para la oposición se debe recaudar cada vez más, con el objeto de financiar las prestaciones que permitan atender crecientes derechos sociales reconocidos a la ciudadanía. Para el Gobierno, la cuantía de los impuestos corporativos incide en la inversión y, por esa vía, en el dinamismo económico, que es lo que finalmente define el tamaño de la base tributaria.
En ese contexto, y teniendo la oposición mayoría en el Congreso, el debate se ha centrado en las compensaciones a la menor recaudación resultante de la principal propuesta del Gobierno: la reintegración del sistema. Dos de los espacios de compensación más obvios -porque eliminan distorsiones en favor de algunos- han estado fuera de la discusión: igualar el impuesto al diésel con el impuesto específico a otros combustibles fósiles líquidos, cuestión que, por afectar al transporte, resulta políticamente difícil de implementar; y eliminar la tributación mediante renta presunta -quienes así lo hacen casi siempre soportan una carga tributaria proporcionalmente menor a la de quienes tributan de acuerdo con sus resultados contables-, lo que también supondría enfrentar a poderosos intereses.
De allí que se hayan buscado por parte de la autoridad otras fuentes de tributos que puedan servir para compensar. Uno es el llamado impuesto digital, pues afectaría los servicios digitales, el que inicialmente se había propuesto tuviera una tasa de 10% y que ahora se ha sugerido subir a 19%, equiparándola con la del IVA. Esto parece razonable, pues el IVA es un impuesto transversal, y el que haya servicios digitales que no lo paguen es una distorsión que no se justifica. Sin embargo, si se trata de un impuesto único, y no como el IVA, que solo grava el valor agregado, sería otra forma de distorsión en contra de esos servicios. Tiene, además, el inconveniente político de que afecta a los consumidores, podría fomentar la evasión y, en cualquier caso, solo agrega alrededor de US$ 100 millones al erario fiscal.
Otra de las propuestas es un impuesto de 1% a las inversiones de las grandes empresas, que irían a la región donde estas se ubiquen. Podría ser descontado como gasto, o sea, un 27% de él (la tasa de impuesto corporativo actual) sería aportado por el fisco. Aunque ello encarece más que facilita las inversiones, hay quienes piensan que incentivaría la aprobación local de los proyectos, y podría, por esa vía, ayudar al esfuerzo inversor. Alternativamente, se podrían modificar los reglamentos de cálculo de las patentes comerciales, de modo que ellas reflejen la cuantía de la inversión de la empresa respectiva en la región, lo que sería un ingreso permanente y no temporal, aunque solo a nivel comunal.
Con todo, es lamentable constatar que, a estas alturas, el debate tributario se ha transformado en una transacción sobre temas secundarios y no respecto de la modernización sustantiva que requiere la legislación impositiva del país.