Norma afecta a inmigrantes en el Cusco

Por Daniel macera

Bajo el lema ?por un Huancayo libre de venezolanos?, el alcalde de esa ciudad, Henry López, anunció hace unos meses la emisión de una ordenanza contra estos inmigrantes. La justificación era la ?creciente y descontrolada? situación. Tras ser calificada de discriminatoria por diversas instancias (incluyendo el propio Gobierno Regional de Junín), la medida no logró avanzar.

El Gobierno Regional de Cusco parece haber recogido esta posta y el último lunes aprobó una ordenanza para sancionar a las empresas que despidan cusqueños para contratar extranjeros ?en informalidad y subempleo?. La norma aún no ha sido publicada en el diario ?El Peruano?, con lo cual, formalmente, no está vigente.

La medida declara de necesidad pública la priorización de la mano de obra regional en la convocatoria de nuevos puestos de trabajo. Tiene sus orígenes en el hecho de que muchos trabajadores locales han sido despedidos con el propósito de que la empresa contrate ?entre 2 y 3 trabajadores informales, que reciben un tercio o la mitad de lo que gana el peruano?, explicó a El Comercio el director regional de Trabajo de Cusco, Alí León.

?Los que dicen que la presencia de estos señores ha optimizado el mercado, que hay más ingresos para el Estado, no han analizado. Si se va a producir contratación de extranjeros en nuestra región, que sea bajo el paraguas de la formalidad. Que tengan beneficios y que paguen sus impuestos?, indica.

Cabe resaltar, que ningún gobierno regional puede dictar competencias sobre trabajadores inmigrantes, ya que estas le corresponden al Ministerio de Trabajo.

Llama la atención, asimismo, que se busque sancionar la contratación de trabajadores foráneos en informalidad, algo que hoy ya está contemplado en la legislación laboral para cualquier empleado, sea local o extranjero. En cuanto a la contratación bajo subempleo, hoy un trabajador en esas condiciones puede ganar hasta S/968, suma superior a la remuneración mínima vital (S/930). Es decir, tratar de establecer una sanción resulta ilegal.

De acuerdo con León, los migrantes suelen ganar alrededor de S/500. La situación, dice, se ha tornado más compleja desde la llegada de los venezolanos. El año pasado, detalla, en Cusco había 137 venezolanos con permiso temporal de permanencia (PTP), hoy 3.200 tiene el documento y unos 3.000 no cuentan con este. En base a esta información, la capital imperial acogería apenas al 0,82% del total de venezolanos que han llegado al Perú.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo señaló que establecer diferencias basadas en el origen es ilegal.

?Ya nos habíamos pronunciado en contra de esta ordenanza, desde la etapa de dictamen. Se mandó un oficio al gobierno regional instándolos a no aprobar el proyecto. Lo desoyeron?, indica Percy Castillo, adjunto de Derechos Humanos y Personas con Discapacidad de la defensoría. Lo más probable es que la entidad impulse una acción de inconstitucionalidad si llega a publicarse, agregó.

Otra manera de cuestionarla sería con una acción popular, que puede ser interpuesta por cualquier persona, agrega Germán Lora, socio del Estudio Payet.

?Inconstitucional?

En el país ya existen normas que buscan favorecer al trabajador local frente al extranjero. Por ejemplo, las empresas no pueden tener en su planilla a más del 20% de trabajadores extranjeros. Y las remuneraciones de estos tampoco pueden superar al 30% de lo pagado a la planilla total.

?Cualquier tratamiento a favor o en perjuicio de un grupo de personas debe responder a correcciones del mercado. Excluirlas por su nacionalidad es discriminatorio?, opina el laboralista Jorge Toyama.

Aclara que ?cualquier despido arbitrario debe ser reprimido y controlado por el Estado?, y esto al margen de si se trata de sacar a un peruano para poner a un venezolano.