Juez pide que las partes busquen un acuerdo

El Municipio de San Juan y la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) intentarán llegar a un acuerdo que permita resolver la demanda presentada por el ayuntamiento en reclamo de que se detenga el cobro de dinero de pensiones del sistema "Pay as you go" (PayGo) hasta que se terminen de revisar las facturas que envió el gobierno central a la capital.
Ese sistema permite que, aunque la ASR no tenga dinero y esté en quiebra, el gobierno central, los municipios y las corporaciones públicas aporten a un pote con el que se honran las jubilaciones de los servidores públicos.
El problema es que, según el abogado del ayuntamiento Frank Torres Viada, la ASR ya ha enviado facturas al municipio para cobrarle por las pensiones de personas fallecidas y de jubilados que nunca trabajaron en el gobierno municipal. Se supone, bajo la Ley 106 del 2017, que estableció el sistema PayGo, que cada instrumentalidad pública cubra el retiro de sus jubilados.
La administración de Carmen Yulín Cruz solicita que el Tribunal de Primera Instancia de San Juan le conceda acceso a la información que necesitan para verificar las facturas y detenga los esfuerzos de cobro del gobierno contra el municipio por concepto del PayGo hasta que esa reconciliación de cuentas esté completada.
Ayer, durante una audiencia del caso, el abogado de la ASR, Oreste R. Ramos, argumentó ante el juez Anthony Cuevas Ramos que el estatuto que estableció el PayGo no le reconoce capacidad al municipio para disputar las facturas que le envía la entidad pública.
Planteó, además, que aun cuando se proveyera esa capacidad de revisión al ayuntamiento, no se pueden detener los pagos al sistema PayGo.
"No existe provisión alguna que establezca que al municipio se le tenga que explicar la cantidad que se le está pidiendo", subrayó Ramos.
El abogado de la ASR, sin embargo, reconoció que, ante unas objeciones hechas previamente por la administración municipal, se identificaron cerca de 200 casos que se le estaban facturando al municipio aunque se trataba de personas fallecidas o retiradas de otras instrumentalidades públicas.
Torres Viada, por su parte, recalcó que los deberes ministeriales del ayuntamiento obligan a que se revisen las facturas que se pagan, pues si se desembolsan fondos en exceso, eso implicaría menos recursos para otros programas del gobierno municipal.
Del mismo modo, el abogado del Municipio de San Juan resaltó que se supone que la ASR publique un registro de beneficiarios con el que se podrían contrastar las facturas. Argumentó que la ASR viola la Ley 106 al no haber publicado todavía ese registro.
Ramos, por su parte, dijo que ese registro ya existe, pero que está dentro del sistema de informática de la agencia. No indicó por qué no ha sido divulgado.
En medio de las argumentaciones, el juez Cuevas Ramos preguntó por qué algo tan básico como una verificación de las facturas ha causado tantos problemas y pidió a las partes que entraran en conversaciones para ver si pueden llegar a un acuerdo.
Tras un breve receso, Ramos y Torres Viada anunciaron en sala que habían llegado a un acuerdo preliminar y que se reunirían durante los próximos 10 días para intentar llegar a un entendido más concreto.
El juez citó una nueva audiencia para el 21 de junio, con la intención de ver el progreso de esas conversaciones. "Tal vez, si actuamos con sensatez en el asunto no se tiene que llegar tan lejos", manifestó el juez Cuevas Ramos.