Reclaman vivienda digna para los afectados en el sur

Durante la visita de Ayuda Legal Puerto Rico al refugio localizado en el estadio municipal de Yauco, varias madres reportaron ser víctimas de amenazas de remoción de sus menores por parte del Departamento de la Familia.
Según la directora ejecutiva de Ayuda Legal, Ariadna Godreau, las madres salieron con sus hijos al estacionamiento del estadio debido a que las fuertes lluvias afectaron las zonas internas del refugio.
"El espacio del refugio estaba lleno de fango, a los catres de los niños les subían hormigas bravas y las personas encamadas estaban bajo condiciones no dignas… Los (funcionarios) del Departamento de la Familia alegaban que el espacio exterior era peligroso y no así el espacio donde están las niñas y los niños en condiciones precarias", narró la abogada durante una mesa redonda en las oficinas de Ayuda Legal.
Como parte de la brigada legal comunitaria que ofrece la organización a las familias desplazadas, la entidad también observó que urge establecer un protocolo para atender la violencia sexual y de género en los refugios.
Godreau también criticó la presencia de la milicia armada en los predios de los refugios, y reveló que, luego de la actividad sísmica, se han presentado sobre 150 nuevas demandas de ejecuciones de hipoteca. Una gran parte de estas ejecuciones, de acuerdo con Godreau, están dirigidas a personas afectadas en el sur de la isla.
Del mismo modo, la directora de Ayuda Legal instó al gobierno a crear un inventario de propiedades y residencias reposeídas por bancos hipotecarios y adquirir una parte para beneficio de las familias que han perdido su hogar. Además de asegurar una lista que incluya las habitaciones de hotel desocupadas y darles prioridad a las familias desplazadas en la adjudicación de los vales del programa de subsidio para el alquiler de vivienda de la Sección 8 de la ley federal de Vivienda.
Actualmente, existen 700 viviendas destruidas, sobre 7,000 familias refugiadas y 20,000 personas desplazadas por los temblores que continúan afectando a la isla.
Por su parte, la abogada Paula Fournier aseguró que el gobierno "perdió un tiempo extremadamente valioso" al demorar cuatro días entre la solicitud inicial de emergencia al gobierno federal, cuyo propósito es el pago o reembolso de gastos del gobierno, a la solicitud de desastre mayor, que permite la asistencia para que familias e individuos puedan acceder a ayudas federales. Sin embargo, no todos los municipios afectados estaban incluidos y, según Fournier, también hubo dilatación en pedir esta enmienda.
Para las personas que no cuentan con un título de propiedad, Godreau recordó que están en su debido derecho a solicitar asistencia de FEMA sin la necesidad de preparar una declaración jurada.
Según Ayuda Legal, ninguna persona está obligada a tener un título formal sobre su vivienda para pedir asistencia con el propósito de reparar o reconstruir su hogar.
A través de un formulario que trabajó la organización de Ayuda Legal, con la aprobación de FEMA, cualquier persona que cumpla con la definición de la reglamentación, puede declararse dueña de la propiedad. Para acceder a más información puede acceder al enlace www.ayudalegalpuertorico.org
Por otro lado, la abogada Verónica González alertó a la ciudadanía sobre las nuevas restricciones al programa de desarrollo comunitarios tras desastres (CDBG-DR, por sus siglas en inglés), luego de que el Departamento de Vivienda federal (HUD, en inglés) encontrara 13 hallazgos de mal desempeño e incumplimientos con las leyes y regulaciones aplicables.
Al momento, HUD le impuso un monitor financiero federal para controlar los fondos, estableció nuevas restricciones en el uso del dinero y aprobó mayor autoridad a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sobre el proceso.
Al concluir la mesa redonda, titulada "El desastre no termina: tiempo crítico para las víctimas de terremotos", Godreau resaltó la necesidad de ofrecerles a los refugiados la seguridad de una vivienda transitoria y la búsqueda de vivienda permanente.