Buscarán aprobar legislación

WASHINGTON.- Como anticipo a la sesión de votación que prevé convocar en las próximas semanas, el presidente del Comité de Recursos Naturales, el demócrata Raúl Grijalva, presentó ayer, en la Cámara de Representantes de EE.UU., el proyecto que busca reformar la ley Promesa y ha tenido bajo estudio desde el inicio de esta sesión del Congreso.
Como el borrador que ha circulado desde 2019, la legislación quiere asegurarle, por lo menos, $800 millones anuales a la Universidad de Puerto Rico (UPR), asegurar financiamiento para servicios esenciales de educación, seguridad pública, salud y el pago de pensiones, auditar deuda pública y cancelar la deuda no asegurada.
Un nuevo apartado prohibiría que miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), al igual que la persona que ejerza como director ejecutivo, hayan sido funcionarios de gobiernos de la isla o estado vinculados al trámite de la deuda.
Con el apoyo de los cuatro demócratas boricuas del Congreso, la legislación mantuvo el lenguaje del proyecto de la congresista demócrata Nydia Velázquez que busca evitar los conflictos éticos de los contratistas de la JSF, que controla las finanzas públicas de la isla.
El proyecto ordenaría a la JSF crear una junta para asuntos éticos, integrada por tres personas que no sean miembros del ente fiscal. Esa junta de asuntos éticos deberá rendir un informe anual detallando el cumplimiento o no de sus miembros, contratistas y subcontratistas.
Ningún miembro de la JSF pudiera haber sido funcionario del gobierno central de Puerto Rico, de sus municipios o corporaciones públicas. Tampoco puede haber trabajado para instituciones financieras del gobierno de Puerto Rico o corporaciones que han vendido, comprado o asegurado bienes financieros del gobierno territorial, según el proyecto.
Esa prohibición evitaría la continuidad en la Junta de los puertorriqueños José Carrión III, quien presidió la junta de una corporación pública, y de los ex presidentes del Banco Gubernamental de Fomento José Ramón González y Carlos García.
Aunque Grijalva ha reconocido que sus propuestas para enmendar la ley Promesa no avanzarán en el Senado, dominado por los republicanos, dijo a El Nuevo Día que cree importante aprobarlas en el pleno de la Cámara baja en esta sesión, para que tengan mayor fuerza bajo un posible presidente demócrata el próximo cuatrienio.
El proyecto de ley es coauspiciado por los cuatro congresistas demócratas puertorriqueños, Velázquez, Alexandria Ocasio Cortez, José Serrano y Darren Soto. Al cierre de esta edición, la comisionada Jenniffer González, quien hace caucus con los republicanos, no había hecho comentarios.
La medida no incluyó propuestas originales del borrador de proyecto de Grijalva que creaban un coordinador federal para la Reconstrucción y un oficial de Revitalización para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Pero la legislación eliminaría el puesto de oficial de Revitalización que ahora tiene la ley Promesa y ha estado vacante por largo tiempo.
El proyecto de ley demócrata ordena que se promuevan inversiones para el desarrollo económico de Puerto Rico, presumir que serán públicos los documentos relacionados a la deuda pública y establece que los gastos de la Junta serán pagados por el Tesoro federal.
En ese sentido, se requeriría a la Oficina de Contraloría General (GAO) informes anuales sobre los desembolsos y uso de los fondos asignados a la JSF, y el cumplimiento del ente fiscal con la ley Promesa.
La legislación incorpora el lenguaje de un proyecto de la senadora demócrata Elizabeth Warren (Massachusetts) y de la congresista Velázquez que busca cancelar gran parte de la deuda pública, la que no tiene una fuente de repago específico.
También, crea una comisión con representantes de diversos sectores para auditar la deuda pública.
"Cualquiera que sea su visión política, todos podemos estar de acuerdo cuando un curso de acción no está funcionando según lo previsto, y PROMESA no está funcionando para las personas que más lo necesitan", indicó Grijalva.
Velázquez dijo que la medida reafirma su rechazo "a las medidas de austeridad que ponen a los fondos de cobertura y las ganancias de los especuladores por delante del pueblo de Puerto Rico".
Ocasio Cortéz indicó que el proyecto es "un paso en la dirección correcta", al asegurar que "servicios esenciales, como el cuidado médico, la educación pública y las pensiones estén protegidas para las comunidades más vulnerables".
Serrano, por su parte, dijo que la JSF "ha fallado con demasiada frecuencia en proteger los bienes más importantes que tiene Puerto Rico, su gente". "Estas reformas críticas restablecen una mayor soberanía para nuestros conciudadanos en Puerto Rico y sus líderes electos", sostuvo Soto.
La Junta
Aunque volvió a simpatizar con la idea de evitar conflictos éticos de sus contratistas, la JSF reafirmó su oposición a la idea de cancelar deuda pública no asegurada y definir los servicios esenciales como propone el proyecto.
"Como la Junta de Supervisión ha afirmado anteriormente, si se aprueban varias de las disposiciones enmendadas, ello minaría los esfuerzos de la Junta de Supervisión de alcanzar una resolución expedita y justa de reclamaciones en contra del Gobierno de Puerto Rico y ciertas instrumentalidades", indicó la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko.
La legislación tiene el respaldo del presidente de la UPR, Jorge Haddock, la Asociación Puertorriqueña de Profesiones Universitarios (APPU), la Confederación Nacional de Estudiantes, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU), Power4PuertoRico, la Federación Hispana y el Center for American Progress.