A largo plazo posibles enmiendas

WASHINGTON.- Cuatro años después, las posibilidades de conseguir que el Congreso, por lo menos, reforme la ley Promesa -que hundió a Puerto Rico en su status colonial y ofreció un mecanismo para reestructurar su deuda pública- no están cerca.
Mientras no haya consenso para derogar o enmendar la ley federal, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que se creó para controlar las finanzas públicas de Puerto Rico seguirá por encima del gobierno electo, por lo menos, hasta junio de 2025.
Antes del receso de agosto, el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja, el demócrata Raúl Grijalva (Arizona), prevé aprobar en su comité su proyecto dirigido a enmendar Promesa, que, entre otras cosas, busca asegurarle $800 millones anuales a la Universidad de Puerto Rico (UPR) y cancelar cerca de $21,000 millones de la deuda pública.
Pero, sin un nuevo mecanismo que asegure la estabilidad financiera de Puerto Rico y ante el desinterés del liderato republicano en suavizar el estatuto, Grijalva acentuó que lo posible es presionar a favor de su legislación, con la idea de tratar de aprobarla en el pleno cameral este año y la esperanza de que sirva de guía al debate en 2021, el cual espera tenga lugar con Joseph Biden como presidente y los demócratas en control del Senado y la Cámara baja.
"Uno tiene que ver la ley como una reacción a la crisis", dijo Grijalva, quien quiere definir -frente a las objeciones de la propia JSF- como servicios públicos esenciales la salud, educación y seguridad, cancelar deuda no asegurada y declarar públicos los documentos sobre la deuda.
Pese a su rechazo a casi toda la medida, la JSF y algunos republicanos han abierto la puerta, sin embargo, al apartado de la legislación que pudiera evitar los conflictos de intereses de contratistas del ente fiscal.
"Son propuestas utópicas" que no han sido negociadas con los republicanos, que controlan el Senado, dijo en la más reciente audiencia del comité la comisionada residente en Washington D.C., Jenniffer González, quien respalda evitar conflictos de intereses de los contratistas.
La ley Promesa -producto de las negociaciones entre el gobierno del presidente Barack Obama y la entonces mayoría republicana en la Cámara baja y el Senado- cumple hoy cuatro años. Fue aprobada el 9 de junio de 2016 en la Cámara baja, y 23 días después, sin cambiarle una coma, en el Senado. Obama la firmó el 30 de junio.
Este cuatrienio, el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado no ha tenido en su agenda revisar a fondo de Promesa. Pero puede convocar a una audiencia sobre el tema antes de fin de año.
Grijalva sostuvo que, con los republicanos en control del Senado y Donald Trump en la Casa Blanca, no es realista pensar que Promesa puede ser derogada y, al mismo tiempo, legislarse un nuevo mecanismo para manejar la crisis fiscal y de deuda.
"Aprobamos Promesa porque, a Puerto Rico, se le sometía a un doble estándar y, a diferencia de otras localidades, no tenía un mecanismo de bancarrota para eliminar su deuda. Si no hubiéramos aprobado ese proyecto de ley, seguramente habría habido una estampida de demandas en los tribunales y los acreedores probablemente habrían confiscado gran parte de los activos de la isla, erosionando aún más los servicios públicos vitales, como la atención médica, las escuelas y la seguridad pública", indicó la demócrata Nydia Velázquez (Nueva York).
Como sus colegas demócratas puertorriqueños Darren Soto (Florida) y Alexandria Ocasio Cortez (Nueva York), Velázquez coauspicia el proyecto de Grijalva.
Según Grijalva, Promesa "no ha tenido los resultados esperados", ha impuesto medidas de austeridad irrazonables, incluso tras los huracanes de 2017, terremotos y la pandemia del coronavirus, y poco ha avanzado en el proceso de reestructuración de la deuda.
"Mi intención es hacer que funcione mejor y permitir que la gente de Puerto Rico tenga mayor participación", dijo Grijalva, cuya medida propone crear una comisión para auditar la deuda, con representación de amplios sectores de la sociedad.
Velázquez sostuvo que, aunque Promesa impidió que "los fondos de cobertura y otros especuladores desarmaran la isla pieza por pieza, la Junta no ha cumplido con sus obligaciones de reestructurar las deudas de una manera viable que ponga a los residentes de Puerto Rico primero".
La congresista demócrata, quien como Grijalva votó a favor del estatuto, da la bienvenida a la idea de acabar con la ley Promesa, pero advirtió que eso debe incluir la cancelación de deuda. "Es hora de comenzar de nuevo, eliminar Promesa y encontrar otras soluciones, que incluyen permitir que Puerto Rico descargue gran parte de sus deudas. La Junta no debe estar facultada para recompensar a los especuladores que compraron bonos por centavos de dólar a expensas de los niños, las familias y las personas mayores de Puerto Rico que ya han sufrido tanto", indicó.
Velázquez subrayó que la JSF ha preferido, "con frecuencia, la austeridad sobre los intereses del pueblo de Puerto Rico". "Algunos miembros de la JSF se han comportado de manera política, socavando la credibilidad de la institución. También ha habido problemas con la transparencia. Por ejemplo, uno de los principales consultores de la JSF también es un actor importante en los bonos de Puerto Rico", agregó, en torno a McKinsey.
Grijalva sostuvo que, si hubiese ambiente en la Cámara para acabar con Promesa en este momento, Puerto Rico, bajo Trump y la mayoría republicana del Senado, quedaría "sin los recursos necesarios para estabilizar la economía y tratar sus necesidades humanitarias, como las consecuencias de los huracanes y la pandemia del coronavirus". "No veo la posibilidad de una respuesta adecuada de parte de esta administración o del Senado", agregó.
Para Grijalva, su proyecto -al incorporar una iniciativa de la senadora Elizabeth Warren y de Velázquez- puede permitir cancelar cerca de $21,000 millones en deuda no asegurada. Velázquez considera que el recorte sería de $15,000 millones.
Grijalva indicó que, si hay una propuesta republicana para derogar Promesa y dar estabilidad financiera a la isla, el momento de presentarla debe ser cuando su proyecto vaya a votación en su comité.
En la más reciente audiencia del comité sobre la isla, que estuvo dedicada al impacto del coronavirus en la crisis fiscal, el congresista republicano Tom McClintock (California), quien ha rechazado la estadidad para la isla por considerar que no sabe manejar sus finanzas, volvió a expresarse en contra de Promesa por entender que Puerto Rico debe pagar su deuda y que el estatuto es antidemocrático.
"Deben lidiar con sus problemas sin un rescate financiero", sostuvo McClintock.