No existe un plan para mitigar la tala de 9,925 árboles

Pese a que la tala de 9,925 árboles presuntamente enfermos o peligrosos en espacios públicos a nivel isla ya comenzó, el gobierno no tiene un plan de mitigación o remediación de los daños que supone la pérdida de dicha cubierta forestal.
El gobierno tampoco requirió que, como parte de los trabajos, se separen los troncos con potencial maderero para que sean aprovechados por dueños de aserraderos, ebanistas, artesanos o cualquier persona que pueda darles un uso beneficioso.
Ambos datos fueron confirmados a El Nuevo Día por el director interino de Áreas Naturales Protegidas y Servicios Forestales del Departamento de Recursos Naturales (DRNA), Farel Velázquez Cancel.
La tala de los 9,925 árboles, que se suma a la poda de otros 15,001, se realiza en virtud de un acuerdo entre el DRNA y el Departamento de Recreación y Deportes. Según el gobierno, los árboles deben ser cortados o podados por los daños que sufrieron tras el paso de los huracanes Irma y María, en septiembre de 2017.
"En las conversaciones que hemos sostenido, hemos estado claros en que una mitigación luego de este proceso se tiene que dar. Lo que pasa es que el PW (‘project worksheet’ u hoja de trabajo del proyecto) lo que plantea en este momento son las acciones de limpieza de las áreas y remoción de estructuras que representan peligro", dijo Velázquez Cancel.
"Se ha planteado, y vamos a estar trabajando con la información que se está levantando con el inventario (de árboles intervenidos), que tiene que haber una mitigación de los trabajos a una proporción de 2 a 1, es decir, por cada árbol que se remueva se sembrarán dos", añadió.
En el acuerdo original entre el DRNA y Recreación y Deportes, firmado el pasado 14 de febrero, no se menciona ningún plan de mitigación o remediación de daños. En una segunda versión del documento, firmada el 5 de agosto, se estipula que Recreación y Deportes deberá presentar al DRNA un "Plan de Reforestación" indicando las especies que serán plantadas para sustituir a las removidas y el mantenimiento que se les dará durante los seis meses siguientes a su siembra. El 22 de septiembre, la segunda versión fue enmendada para establecer que se trata de un "Plan futuro de Reforestación".
Cuestionado al respecto, Velázquez Cancel indicó que "sería muy prematuro levantar información de este tipo (mitigación) ahora… sería encerrar al Departamento en una camisa de fuerza sin tener una cantidad exacta de los árboles que se van a impactar".
La Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA, en inglés) y la Ley sobre Política Pública Ambiental de Puerto Rico establecen que, frente a escenarios de gran magnitud -como sería la eliminación de 9,925 árboles-, deben evaluarse los impactos acumulativos resultantes. Velázquez Cancel no pudo confirmar si dicha evaluación se hizo previo al inicio de los trabajos de tala y corte.
Por último, sobre el aprovechamiento de los troncos madereros, dijo que "esa parte no se trabajó". "No hay una disposición en cuanto a eso. Muchos de estos árboles están bastante afectados", añadió sin mostrar evidencia.