Cámara considerará el proyecto de Retiro Digno

La Cámara de Representantes llevará hoy a votación el llamado Proyecto del Retiro Digno, una medida que establece la política pública de cero recortes a las pensiones de los empleados gubernamentales.
La autora del Proyecto de la Cámara 120, la representante Lourdes Ramos, adelantó ayer que la medida incluye una enmienda para elevar de 15 a 17 el número de miembros del Fideicomiso para la Administración Conjunta de los Sistemas de Retiro que se crea con la ley.
Estos dos espacios adicionales estarían ocupados por un representante de los pensionados y otro de los maestros.
"Es una enmienda que avalo. Tendríamos más representación de los afectados y beneficiados, así que con eso no hay problema", dijo la autora del proyecto.
La medida baja a votación a pesar de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha advertido en múltiples ocasiones que no es cónsona con la ley Promesa.
En una carta dirigida a la Legislatura y a la Rama Ejecutiva a finales de enero, la directora ejecutiva del ente fiscal, Natalie Jaresko, señaló que quedaba "prohibido" que se aprobara el Proyecto de la Cámara 120 e indicó que la pieza legislativa "va más allá de la autoridad del gobierno".
Ramos reconoció que le preocupa "la actitud" de la JSF oponiéndose a la iniciativa "cuando el proyecto no cuesta ni un centavo".
"Yo me pregunto si es que no lo entienden. Yo estoy disponible para enseñarles, para explicarles y para tener una reunión con ellos donde se les pueda explicar", puntualizó, al reafirmar que está dispuesta a defender la medida ante cualquier foro.
La última propuesta de recorte de pensiones, que está en una especie de limbo, afecta a todos los que reciban $1,500 mensuales con una rebaja de hasta 8.5%.
La versión original de la medida en controversia fue aprobada el año pasado en la Cámara, pero detenida en el Senado por objeciones del entonces presidente del cuerpo legislativo, Thomas Rivera Schatz, quien presentó preocupaciones en torno a la constitucionalidad de su lenguaje. Ramos intentó que la exgobernadora Wanda Vázquez incluyera el proyecto en alguna de las sesiones extraordinarias del pasado año, pero la primera ejecutiva no lo hizo.
La medida actual es respaldada por 35 representantes de todas las delegaciones. Ramos adelantó que le solicitó una reunión al gobernador Pedro Pierluisi en busca de su aval a la medida y atender cualquier preocupación que pueda haber. "Que nos brinde la oportunidad de tener una reunión pequeña y podamos explicarle todo lo que nos está llevando a aprobar este proyecto", expresó.
La pieza legislativa también cuenta con el favor de sindicatos y grupos, como Construyamos un Nuevo Acuerdo, integrado por pensionados gubernamentales.
El portavoz de la mayoría popular en la Cámara de Representantes, Ángel Matos, confirmó que se han separado cuatro horas para la discusión de la medida.
Otra ofensiva
Mientras, la Cámara alta aprobó ayer la Resolución del Senado 32 para investigar las alternativas y los planes implantados o proyectados por el gobierno para cumplir con la Ley 80-2020, conocida como "Ley del Programa de Retiro Incentivado".
"No se trata de legislar para las gradas", señaló el senador popular Ramón Ruiz Nieves, autor de la medida.
Ruiz Nieves dijo que hay cerca de 9,452 empleados públicos cobijados bajo la Ley 447-1951 que podrían acogerse al retiro incentivado. Mientras, bajo la Ley 1-1990 hay otros 1,900 que podrían cualificar.
La discusión de la medida provocó varios momentos álgidos durante la sesión de ayer entre los senadores populares y penepés que intentaban culpar al partido contrario por la crisis en los sistemas de retiro.
Igualmente, Rivera Schatz, quien ayer se reintegró a sus labores, cuestionó la discusión y aprobación de resoluciones investigativas.
"Nosotros vinimos a trabajar, no a estudiar, a investigar y dándole vueltas a la noria y creo que hay la capacidad y el deseo de así hacerlo; y mi invitación es que, en lugar de seguir radicando estudios e investigaciones, nos pondamos a presentar legislación", señaló.
El Senado también le dio paso a una resolución para investigar el cumplimiento por parte del gobierno de las las leyes que buscan garantizar los derechos de la comunidad sorda. "La reducción de las posibilidades de comunicación lleva consigo une pérdida importante de información necesario en la vida cotidiana de esta población", dijo la senadora Elizabeth Rosa Vélez, autora de la medida.