Libres de impuestos la compraventa de casas hasta el 2030

Mientras la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) le ha solicitado al gobernador Pedro Pierluisi que reforme el régimen del impuesto a la propiedad en Puerto Rico, el organismo fiscal ha dejado vigente un estatuto que libra del pago de impuestos y de ganancias de capital a quienes vendan propiedades nuevas, existentes o elegibles, mientras exime a ciertos compradores de pagar impuestos al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).
Se trata de la Ley 169 de 2020 y esta establece que los compradores de propiedades nuevas no pagarían impuestos al CRIM por espacio de cinco años, pero sobre todo, quienes se dediquen a la venta de propiedades nuevas o "elegibles" podrían estar totalmente exentos del pago de ganancias de capital y todo tipo de contribución sobre ingresos sobre estas transacciones hasta el año 2030.
Los beneficios están disponibles para residentes y no residentes de Puerto Rico.
Como resultado del estatuto, los municipios no recibirán parte de la bonanza que experimenta el nicho de propiedades de lujo en Puerto Rico. A manera de ejemplo, El Nuevo Día hizo una consulta en el CRIM y corroboró que la mansión que se vendió recientemente en Dorado por $30 millones está exenta del pago de impuestos. Para efectos del CRIM, la propiedad está valorada en $324,728 y posee una exención por la misma cantidad.
La Ley 169, conocida como la Ley de Transición del Programa Impulso a la Vivienda, cobró vida el pasado 30 de diciembre, cuando la exgobernadora Wanda Vázquez Garced dio su firma al proyecto que se radicó en el Senado, se tramitó y aprobó sin que se produjera otra expresión que una ponencia a favor de la Asociación de Constructores de Puerto Rico.
El estatuto había pasado por desapercibido hasta ahora cuando la JSF dijo tener preocupaciones "sustanciales" con la medida en una carta fechada el pasado 14 de abril.
"La JSF tiene preocupaciones sustanciales en relación a la Ley 169, como la incertidumbre en torno al alcance de las provisiones que se han extendido, los impactos negativos en los recaudos del gobierno central y los dudosos beneficios a la actividad económica que crea esta ley", reza la carta.
Sin embargo, en lugar de reclamar la derogación de la ley, en esa misiva del 14 de abril, la JSF indicó a Pierluisi que acoja las recomendaciones que la JSF propuso a la administración de Vázquez Garced y proceda con lo que sería una reforma absoluta del régimen del impuesto a la propiedad inmueble en Puerto Rico.
La JSF, que esta semana llevará a cabo su reunión pública, tiene ante su consideración el Plan Fiscal del CRIM. La receta para el principal ente recaudador de los municipios establece diversas medidas. Entre estas, vender las cuentas contributivas a un ente privado y revisar el alcance del impuesto a la propiedad, incluyendo intensificar las acciones de cobro a propiedades que se consideran exentas cuando en realidad, se utilizan para fines comerciales o de inversión.
El alcance de la Ley 169
La Fortaleza dio a conocer la Ley 169 en la Noche Vieja del 2020, señalando que medidas que como esa proveen un techo "digno y seguro" a familias en Puerto Rico.
Siete meses antes, el senador novoprogresista William Villafañe radicó la medida y esta pasó el cedazo de la Comisión de Hacienda en la Cámara alta sin que el Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Departamento de Justicia, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) se expresaran.
Ello, a pesar de que la Ley 169 se aprobó como una enmienda al Código de Incentivos Contributivos.
A excepción del independentista Juan Dalmau y los populares Miguel Pereira y Cirilo Tirado en el Senado, el proyecto se aprobó en ese foro casi de manera unánime. En la Cámara de Representantes, la medida se aprobó por descargue un día antes de la Noche Buena con el rechazo del independentista Denis Márquez, el independiente Manuel Natal y el popular Luis Vega Ramos.
La Ley 169 instruyó al DDEC a implementar el estatuto con las reglamentaciones o normativas de rigor en un plazo de 90 días.