En riesgo el plan de pensiones

El presidente de la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), José R. Rivera, advirtió ayer que el contrato de privatización con LUMA Energy podría aumentar el déficit actuarial a tal punto que provocaría la destrucción del fideicomiso creado para garantizar la seguridad social de los 12,400 jubilados de esa corporación pública.
Un informe actuarial preparado por Cavanauh Mcdonald Consulting indica que, si solo 1,125 de los empleados de la AEE son contratados por LUMA Energy y transfieren sus activos al plan de jubilación privado o se jubilan, el Sistema de Retiro tendrá solo 13% de los fondos que necesita para pagar pensiones. Mientras, en 2022, tendrá un 8.5% y en 2023 tendrá 0%. Ese es el mejor de los escenarios contemplados por la firma.
En cambio, si más de 3,375 de los empleados de la AEE se jubilan o transfieren sus activos al plan de jubilación privado, implica que desde tan temprano como el próximo año, el sistema de retiro tendrá 0% de capacidad financiera y el pago de los beneficios tendrá que ser presupuestado por el gobierno a un costo que representa más de 3.5 veces la contribución actual.
"El contrato acelera la insolvencia del sistema de retiro para el próximo año en el caso de que 3,375 o 4,500 de los empleados sean contratados por LUMA o se retiren. Bajo todos los escenarios, es inminente que el contrato ocasionará daños irreparables al sistema de retiro", planteó Rivera ante la Comisión de Alianzas Público-Privadas y Energía de la Cámara de Representantes.
El déficit del sistema alcanzaba los $3,000 millones al 30 de junio de 2019, expusieron. La AEE le debía, al 30 de abril de este año, $618 millones en aportaciones y otros beneficios al Sistema de Retiro, una deuda que no asumirá LUMA, según el contrato de privatización.
Ante estos escenarios, el subdirector ejecutivo de Operaciones de la AEE, Fernando Padilla, respondió que "son bien especulativos en esta etapa del proceso", mientras la gerencia de la corporación pública trabaja con la Junta de Supervisión Fiscal en los cambios estructurales al sistema de retiro.
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