Gobierno afina su estrategia

WASHINGTON.- La administración de Pedro Pierluisi presionará en el Congreso por la paridad en Medicaid, con la esperanza de que la propuesta sea integrada a un posible nuevo proyecto de reconciliación presupuestaria, lo que permitiría aprobar la medida en el Senado con mayoría simple y eludir un potencial filibusterismo republicano.
"Estamos mirando todos los vehículos legislativos posibles. El primero sería un proyecto de reconciliación presupuestaria", indicó la representante del gobernador en Washington D.C., Carmen Feliciano, directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (Prfaa, en inglés).
Los estimados de la administración Pierluisi son que, si se obtiene acceso igual que los estados, el gobierno federal tendría que elevar de 55% a 83% su aportación por servicio de Medicaid. Eso pudiera representar una asignación anual de $5,200 millones, cerca de $2,400 millones por encima de la asignación temporal vigente y $4,800 millones más de lo que provee la ley federal permanente.
Cuando el presidente Joe Biden respaldó en su proyecto de presupuesto la idea de otorgar paridad a Puerto Rico y los demás territorios en el programa de Medicaid, el grupo de trabajo creado por Pierluisi para presionar en favor de la isla se centró en que la asignación puede alcanzar los $5,200 millones anuales. En su plan fiscal, el gobernador pronosticaba una asignación de $4,174 millones para el año fiscal federal 2022, que empieza el 1 de octubre.
Sin una nueva legislación, la asignación de Medicaid quedaría en $400 millones, lo que colocaría en un abismo fiscal al plan de salud del gobierno de Puerto Rico y pondría en peligro los beneficios de unas 600,000 personas y a toda la industria de la salud, según la administración de Pierluisi.
"Conseguir una legislación especialmente para Puerto Rico va a ser muy difícil", advirtió, por su parte, el presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales, Jaime Plá.
Por ello, el representante de la industria de salud coincidió con la directora de Prfaa en que las mejores oportunidades de éxito están en que la mayoría demócrata del Congreso opte por trabajar un nuevo proyecto de reconciliación presupuestaria -para incluir inversiones en infraestructura y medidas de bienestar social- e integre en esa medida una legislación que encamine la paridad en Medicaid.
Bajo un proyecto de reconciliación presupuestaria, la mayoría demócrata del Senado pudiera aprobar sus iniciativas con el visto bueno de 51 de 100 senadores, obviando una posible oposición de los republicanos.
Los demócratas tienen una mayoría de 219 a 211 en la Cámara baja. Pero el Senado -donde normalmente se requieren 60 votos para avanzar legislación- está dividido 50 a 50. Los demócratas controlan la Cámara alta debido al potencial voto decisivo de la vicepresidenta Kamala Harris, presidenta del Senado.
Para que la paridad en Medicaid sea permanente, sin embargo, deberá ser uno de los pocos cambios de política pública que puedan ser incluidos en un proyecto de reconciliación de presupuesto, sostuvo Plá. Si no es una modificación de política pública, la vigencia de la paridad sería de 10 años, que es la duración que fija un proyecto de reconciliación presupuestaria.
"Sería, de todos modos, la primera oportunidad para hacer una planificación a largo plazo", dijo Plá, quien -como Feliciano- integra el grupo de trabajo sobre Medicaid creado por Pierluisi.
La paridad en Medicaid implicaría incrementar los servicios que se ofrecen a través del plan de salud del gobierno de la isla, para incluir asuntos como el cuidado prolongado, equipo médico para pacientes de hepatitis C, diabetes, vacunaciones para adultos y servicios de comadronas, entre otros, explicó Feliciano.
La semana pasada, el presidente del Comité de Energía y Comercio de la Cámara baja, el demócrata Frank Pallone (Nueva Jersey), quien está a cargo de Medicaid en ese cuerpo legislativo, respaldó la idea de que Puerto Rico obtenga paridad en ese programa. Feliciano espera también el apoyo del presidente del Comité de Finanzas del Senado, Ron Wyden (Oregón), quien en enero dijo a este diario que respalda que Puerto Rico "tenga los recursos que necesita y se merece".
La administración de Pierluisi, mientras, calcula entre $1,500 millones y $1,800 millones el impacto anual de extender a Puerto Rico el programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). Los estimados del Centro para una Nueva Economía (CNE) son más optimistas, pues indican que el SSI -un asunto pendiente ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos- pudiera representar cerca de $2,580 millones anuales en la isla.
Feliciano dijo que calculan, además, un impacto muy significativo de integrarse a Puerto Rico al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).
Bajo el Programa de Asistencia Nutricional (PAN), el presidente Biden ha propuesto asignar $2,070 millones para el año fiscal federal 2022. Pero, bajo el SNAP, el gobierno de Pierluisi estima que, debido al aumento de beneficiarios, se recibirían en total $4,400 millones, es decir, más del doble de lo que se obtiene ahora.