Cuarto proyecto de ley presentado durante este Congreso intenta extender sin restricciones por cinco años los permisos en Lima y Callao.
Por Gladys Pereyra colchado
La Comisión de Transportes del Congreso evalúa un proyecto de ley que intenta recortar facultades a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y renovar automáticamente las autorizaciones de rutas de todas las empresas de transporte público por cinco años.
Es la cuarta vez que este Congreso propone en plena pandemia iniciativas para ampliar sin restricciones las autorizaciones a empresas de buses, combis y coasters, incluso de aquellas que mantienen millonarias deudas por infracciones de tránsito.Se trata del proyecto de ley 7850/2020, presentado el 7 de junio por el congresista Luis Simeón Hurtado (Acción Popular), presidente de la Comisión de Transportes y confeso ?voz de los colectiveros?. Él fue uno de los promotores de legalización del servicio interprovincial de los taxis colectivos a escala nacional, pese a las advertencias por la ausencia de control, de paraderos o protocolos de seguridad.
?Insistencia?
El proyecto consiste en la creación de un comité transitorio de desarrollo del transporte (Comtransporte) que funcione, por lo menos, por cinco años y tenga la tarea de ?coadyuvar como órgano consultivo vinculante? a las municipalidades provinciales y a la ATU. Además, establece que ?la renovación de las autorizaciones de los servicios de transporte regular de personas que se encuentren vigentes será por el plazo de cinco años?.
Para Luis Vilela, el asesor de la presidencia de la ATU, con ello se intenta poner nuevamente en debate una propuesta que ya fue rechazada por el pleno. ?La renovación automática significaría perennizar el actual sistema de transporte caótico sin la posibilidad de realizar exigencias como requisitos de seguridad y calidad en la prestación del servicio?, explicó a El Comercio.En octubre del año pasado, Simeón Hurtado y Marcos Antonio Pichilingue (Fuerza Popular) presentaron dos proyectos para extender los permisos por 10 y 6 años, respectivamente. Tras las críticas, el segundo retiró su iniciativa, pero Simeón continuó con su proyecto que fue modificado gracias al aporte de la ATU.
De 10 años de ampliación automática se pasó a extensiones que debían estar condicionadas al cumplimiento de ciertas reglas. El 14 de mayo pasado, esa tercera propuesta pasó al pleno. Vilela señaló que, pese a las coordinaciones, el texto sustitutorio no tenía los aportes de la ATU y regresaba a la ampliación sin condiciones. La iniciativa fue rechazada y archivada por mayoría.