Ripamonti denuncia "prácticas con características de crimen organizado" en Municipalidad de Viña

"Crimen organizado". Esta fue la expresión que utilizó en cinco ocasiones la alcaldesa viñamarina Macarena Ripamonti (CS) al hablar, durante media hora, la noche del miércoles, con sus seguidores de Instagram, para darles cuenta de "prácticas ilegales" y "hechos muy graves" en la municipalidad y la corporación municipal que las nuevas autoridades han podido constatar en los 34 días que han estado a cargo.
La alcaldesa Ripamonti les informó que hoy viernes arribará a la municipalidad "un equipo experto en delitos de alta complejidad" que respaldará a la asesoría jurídica en las investigaciones internas y en las causas que deberá abrir el Ministerio Público para determinar las posibles responsabilidades penales.
"Soy muy responsable en lo que voy a decir. Hablo de crimen organizado. Una forma organizativa criminal que integran dos o más personas con permanencia en el tiempo", dijo la alcaldesa. Los equipos que arribarán hoy son "investigadores privados, un equipo especializado porque las unidades jurídicas del municipio no tienen expertos en denuncias que revisten características de crimen organizado. Lo digo con responsabilidad y cuantas veces haga falta", agregó y planteó que en la Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social -administra los servicios municipales de salud, educación y el cementerio Santa Inés- habría "una estructura completa para defraudar dineros públicos".
Ripamonti indicó que el municipio interpondrá querellas, una de las cuales será por la "inhumación ilegal en el cementerio Santa Inés, que es la punta del iceberg. El estado institucional es dramático aquí". Con este caso, la alcaldesa aludió a la investigación por eventuales delitos de exhumación o traslado de cadáveres y hurto agravado que está a cargo del fiscal Stefan Kramar.
La causa fue abierta tras la querella interpuesta en septiembre de 2020 por el gerente de la corporación, Pedro Retamal. En ella, se relata que la denuncia inicial fue realizada ante la PDI, en mayo de 2019, por un panteonero, que relató que un mes antes debió cumplir una orden de abrir una bóveda y remover los restos de un menor. Según el testimonio, otro funcionario adujo recibir órdenes del encargado del cementerio para retirar piezas dentales de los cuerpos de la bóveda.
El mismo panteonero relató que tres años atrás su supervisor le ordenó abrir la fosa común y remover 30 o 40 bolsas de cadáveres, mientras otros empleados les removían dientes que tenían oro.
La fiscalía informó que en junio abrió otra causa a cargo del fiscal Claudio Rebeco por una denuncia del sindicato del cementerio y del diputado Rodrigo Gonzáles por sabotaje informático y malversación de caudales públicos, a partir de pagos a funcionarios de la Corporación Municipal.