Piden corregir rumbo fiscal antes de enviar nuevo presupuesto

Rosa María Pastrán
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social recomendó tomar acción para enmendar el rumbo que llevan las finanzas públicas antes de que el próximo presupuesto del Estado sea enviado para su análisis al parlamento.
"En el ámbito macroeconómico, el principal problema que enfrenta El Salvador es una inminente crisis fiscal, la cual se agrava en la medida que se incrementa el gasto público con más deuda", advierte la fundación en su más reciente análisis económico.
En 2020, la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) cerró en 89.9 % en relación con el PIB (Producto Interno Bruto), y ha continuado creciendo, pues con respecto a diciembre del año pasado, se incrementó $624.9 millones, llegando a $22,761.4 millones en junio de 2021, indicó FUSADES.
La institución destaca que si bien la pandemia ha impactado, la forma en cómo esta se manejó y otros factores han incrementado el riesgo país como, por ejemplo, el gasto excesivo, el no contar con un plan de sostenibilidad de las finanzas públicas y "graves atentados al Estado de derecho". El Gobierno, por su parte, ha justificado el aumento de la deuda precisamente en la atención de la pandemia, y alega que encontró el indicador elevado.
Entre las acciones que sugiere FUSADES para controlar la deuda y el gasto público están el que se retome la Ley de Responsabilidad Fiscal "con metas creíbles y que se cumpla". Esta norma se puso en pausa el año pasado cuando se aprobaron los decretos de emergencia por el covid.
"Lograr la firma de un acuerdo de sostenibilidad con el FMI, lo que conlleva un compromiso de disciplina fiscal, junto con acciones para garantizar el orden democrático y la independencia de poderes" es otra de las recomendaciones de la fundación; sin embargo, tanto el gobierno como el FMI han declarado que antes del acuerdo se realizará la revisión del artículo IV, un trabajo que tomará varios meses.
Para FUSADES es necesario pagar la deuda adquirida mediante Letras del Tesoro (LETES) y Certificados del Tesoro (CETES) con el financiamiento amparado a los decretos legislativos 608 y 640 aprobados en 2020, así como "limitar el endeudamiento de gastos de operación y la creación de nuevos gastos que no tienen financiamiento".
Finalmente, la entidad insiste en que se derogue la Ley Bitcóin o que, al menos, se suprima el Art. 7, que hace obligatorio que los agentes económicos reciban la criptomoneda. "(El presupuesto 2022) debería reflejar estas medidas correctivas, ser transparente, incluir todos los ingresos y gastos, y limitar el financiamiento para refuerzo presupuestario", concluyó.
"El principal problema que enfrenta El Salvador es una inminente crisis fiscal, la cual se agrava en la medida que se incrementa el gasto público con más deuda".