El significado de una toma

La toma del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que se prolonga ya por más de 8 meses, se ha convertido en una alegoría de la forma en que una errada comprensión de los derechos solo produce parálisis de las instituciones y dispendio de recursos, con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos.
El episodio contiene casi todos los elementos que explican la actual incapacidad del Estado para restablecer el orden y el imperio del derecho ante las manifestaciones violentas, desde el vandalismo en la "Zona 0" hasta las tomas de terrenos que han proliferado a lo largo del país. En primer lugar, la negación de la violencia que representan estos hechos. Esta negación se realiza algunas veces por la vía de definir caprichosamente el concepto de violencia (por ejemplo, la conducta de quien impide a otro desplazarse por la vía pública o ingresar a su lugar de trabajo no sería un acto de violencia), y otras veces por la vía de justificar esa violencia en función de los fines que con ella se persigue. Esta última estrategia de legitimación es ampliamente compartida en el mundo político y se impuso en la elección de los convencionales constituyentes. Incluso muchos de quienes son autoridades del actual gobierno han justificado actos violentos, como la instalación de barricadas o las tomas, por servir a determinados propósitos políticos.
Por otro lado, y en segundo lugar, la total incapacidad del propio afectado, en este caso el INDH, para adoptar un curso de acción claro y consensuado que permita resolver la situación. Marcado por facciones y luchas intestinas que han obstaculizado su buen funcionamiento, el Consejo del Instituto ha llamado la atención en diversas oportunidades por la virulencia con que se critica cualquier atisbo de moderación por parte de quien ejerce su dirección. La experiencia del INDH representa una señal de alerta respecto de la gobernanza de organismos autónomos de este tipo en ámbitos donde al parecer falta un consenso mínimo acerca de su rol y el alcance de sus competencias. En todo caso, resulta inaceptable que en 8 meses el Consejo haya sido incapaz de definir una línea de acción clara en relación con la toma, al punto que la Contraloría General de la República tuvo que intervenir en beneficio del buen uso de los recursos públicos y del adecuado cumplimiento de las funciones del Instituto.
La Contraloría ha señalado que el problema debe estar resuelto, a más tardar, el próximo 5 de abril. Ante ello, el director del Instituto solicitó a la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, el auxilio de la fuerza pública para efectuar el desalojo. Nuevamente, la decisión del director generó cuestionamientos en ciertos sectores políticos, incluidos quienes sostuvieron que cualquier operación de desalojo sería contraria a los derechos humanos, por lo que solo cabría una solución al conflicto por medio del diálogo, sin importar que este último camino haya fracasado hasta el momento. En un contexto así, bien cabe temer que, pese a los esfuerzos del director y de algunos consejeros, los ocupantes ilegales del edificio solo lo abandonarán cuando ellos mismos decidan hacerlo. Los derechos humanos convertidos en ideología conducen a la destrucción de la democracia y del Estado de Derecho.