Preocupante captura

El ministro de Educación anunció la presentación de un proyecto de ley para suspender la Evaluación Docente, ya que, según explicó, la consideran, en las actuales circunstancias pospandemia, un "elemento estresor".
"Es un compromiso nuestro de campaña y está en nuestro programa de gobierno la eliminación de la doble evaluación", dijo, en referencia a la existencia de la Evaluación Docente y de la que se establece en la Ley de Carrera Docente. En el intertanto, "al igual que pasa con el Simce, lo entendemos como un elemento estresor y creemos que las condiciones no están dadas" para su implementación.
Se trata de una decisión lamentable, que da cuenta de una preocupante captura de las decisiones del ministerio por parte de un gremio, el Colegio de Profesores, cuya actitud en los últimos años ha sido la de un grupo de presión que antepone intereses particulares por sobre el interés prioritario que debiera constituir la educación de los niños y jóvenes del país.
Ello quedó especialmente de manifiesto durante la pandemia, cuando la presión del Colegio fue uno de los factores determinantes para que el promedio de cierres de escuelas en Chile fuera de 71 semanas, situando al nuestro como el país de la OCDE que mantuvo por más tiempo sus establecimientos sin funcionar. Las consecuencias de aquello constituyen un pesado déficit para nuestros niños y jóvenes, el que será muy difícil de superar y repercutirá en las posibilidades de desarrollo futuro de muchos de ellos.
Cuando se examina el contexto internacional, se observa que, precisamente, una de las principales trabas para instalar dispositivos de evaluación del desempeño profesional docente es la resistencia de los gremios. Pese a ello, son muchos los países que cuentan con esta herramienta, tal como ocurre en Alemania, Francia, Inglaterra y la mayor parte de los estados de Estados Unidos. En el caso chileno, aunque se trata de un instrumento que, sin duda, requiere ser mejorado -por ejemplo, atendiendo a los aprendizajes efectivamente conseguidos-, la actual Evaluación Docente ha contribuido tanto a identificar fortalezas y debilidades de los profesores como a entregar insumos para la investigación en el campo educacional.
Desde hace ya un tiempo, en varias movilizaciones, los docentes habían planteado su rechazo al sistema, apuntando al agobio que generaría la referida "doble evaluación", sin advertir que se trata de mediciones distintas, con objetivos diversos, en momentos desfasados del tiempo.
La idea de medir el desempeño de los docentes para asegurar el cumplimiento de estándares mínimos y que tal evaluación tenga consecuencias, obligando a la capacitación de quienes obtengan un resultado deficiente y sin descartar el despido si esos malos resultados se mantienen en el tiempo, es crucial en un país que requiere mejorar la calidad de su educación. Se trata de un concepto básico, que al Colegio de Profesores, sin embargo, poco parece importarle. Ello se torna aún más grave cuando es el mundo político el que acoge tales presiones. Así ocurrió el año pasado en el Congreso, cuando solo un veto presidencial logró revertir el intento de los parlamentarios de terminar con la posibilidad de despedir a docentes reiteradamente mal evaluados. Ahora, las nuevas autoridades se muestran especialmente permeables a esas mismas presiones.