INDH decidió no presentar querella por delitos de lesa humanidad durante el estallido

Hace unos días el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) anunció una querella -que se presentará en dos semanas- contra aquellos altos mandos de Carabineros responsables de omitir acciones para poner fin a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la crisis social iniciada en octubre de 2019, especialmente en lo referido a las lesiones oculares por el uso de la escopeta antidisturbios y la carabina lanzagases.
Y este lunes resolvió nuevamente respecto de ese contexto, pero esta vez decidiendo no presentar una querella por la comisión de delitos de lesa humanidad durante el estallido. Fue una votación de la mayoría de sus miembros: seis (el director, Sergio Micco, junto a Eduardo Saffirio, Branislav Marelic, Carlos Frontaura, Sebastián Donoso y Cristián Pertuzé) contra cuatro (Yerko Ljubetic, Margarita Romero, Debbie Guerra y Consuelo Contreras).
"El análisis de los antecedentes disponibles a la fecha no permite configurar la concurrencia de un ilícito de tales características, conforme lo dispone el Estatuto de Roma y la propia ley chilena", comunicaron desde el organismo.
Y se añadió que "la información con la que se cuenta, recabada y analizada por el propio INDH, no supone concluir la existencia de indicios suficientes de que se hubiere promovido o alentado una política estatal activa para generar daños a gran escala en la población".
Además, recordaron que el instituto ha mantenido una política consistente en perseguir judicialmente la responsabilidad de los agentes del Estado durante este período, para lo cual se han presentado 3.098 querellas criminales, e incluso en su informe anual de 2019 se afirmó que durante la crisis social se cometieron las "más graves violaciones a los derechos humanos desde el retorno a la democracia".
Por ello, añadieron, se recomendó llevar a cabo una política en verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, "que a la fecha ha demostrado muy poco avance".
También hicieron un llamado a los órganos que componen el sistema de persecución penal, especialmente al Ministerio Público y los tribunales de justicia, para que "cumplan con la obligación de investigar y sancionar a los responsables de violar los derechos humanos, tarea indispensable en una sociedad democrática en la cual rige el Estado de Derecho".
Debate jurídico
Ante el Consejo -el 2 y 16 de mayo-, la dirección del INDH señaló, entre otras cosas, que "para estar frente a delitos de lesa humanidad, en la forma plenaria cuya condena mundial es la base del Estatuto de Roma, supone que hay indicios ciertos de que existió un grado de organización y planificación de parte de agentes del Estado para promover activamente violaciones 'a gran escala' de los derechos humanos en forma acordada, simultánea o sucesiva".
Por ello, añadió, en diciembre la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional informó al Estado de Chile que había decidido no iniciar un examen preliminar respecto de estas mismas materias, "a la espera de nuevos antecedentes y que nuestros tribunales nacionales de justicia cumplan con su deber".
Quienes conocen detalles de la sesión del lunes aseguran que ninguno de los 10 consejeros planteó que no haya habido violación de los derechos humanos, sino que la pregunta jurídica que se intentó resolver fue si los antecedentes actualmente conocidos pueden configurar crímenes de lesa humanidad o si existen indicios plausibles de que estos hayan ocurrido.
Para la mayoría la repuesta fue, por el momento, negativa. No obstante, no se trataría de una decisión zanjada, ya que esta podría cambiar frente a nuevos antecedentes que permitan a los integrantes del Consejo resolver de modo contrario.
"La información con la que se cuenta, recabada y analizada por el propio INDH, no supone concluir la existencia de indicios suficientes de que se hubiere promovido o alentado una política estatal activa para generar daños a gran escala en la población".
EXTRACTO DE LA DECLARACIÓN DEL INDH