Riteve cuestiona modelo planteado por el MOPT para dar servicio de revisión técnica

La empresa Riteve, actualmente encargada de realizar la revisión técnica en el país, envió una serie de consultas ante la Contraloría General de la República, cuestionando el cartel y el modelo anunciado por el Gobierno para dar continuidad a ese servicio que es requisito de ley para circular en el país, también remitieron consultas sobre el mismo tema al Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

El contrato con Riteve vence el próximo 15 de julio. La semana pasada el presidente Rodrigo Chaves anunció que no daría más extensiones a la empresa para operar en el país y más bien anunciaron que abrirían un nuevo concurso para otorgar la operación mediante un permiso de uso en precario a una empresa que realizará las labores en las mismas estaciones de la española, pues estos bienes deben pasar a manos del Estado una vez que el contrato fenezca.

Este martes, la empresa anunció que " detectaron una serie de vacíos, contradicciones y posibles inconsistencias legales que no permiten tener claro el panorama de la propuesta", situación que les impide tomar la decisión sobre si participar o no en el concurso anunciado por el presidente.

"Para cualquier empresa ética y responsable es indispensable tener claros los detalles y estar seguros de que el concurso cumple con una base legal sólida y que en efecto vaya a llegar a buen término", comentó Jennifer Hidalgo, subgerente de Comunicación de Riteve.

Los puntos que Riteve cuestiona del cartel y la propuesta del Gobierno son los siguientes:

• Legalidad del uso de la figura de "Permiso en Precario" para un servicio público de esta magnitud respecto a la Ley de Tránsito y la Constitución Política.
• Legalidad de la omisión de requisitos que aseguran calidad del servicio, específicamente lo relacionado a la acreditación del Ente Costarricense de Acreditación (ECA), como requisito de ley.
• Inconsistencias respecto a las tarifas que se planean ofertar, las vigentes y las determinadas por el ARESEP, ante una posible incompatibilidad legal del uso de estas.
• No se detallan las situaciones operativas con respecto a la cantidad de líneas que deben ofertarse.
• Falta de publicación del pliego de condiciones en los medios oficiales (diario oficial La Gaceta o Sistema Integrado de Compras Públicas).
• Ausencia de detalles respecto a las condiciones de sustitución y adquisición de equipos.
• Plazos de difícil o imposible cumplimiento ante documentación extranjera que requiere ser presentada como requisito de oferta, afectando la posibilidad de participación de los oferentes (11 días hábiles para presentación de documentos consularizados o apostillados).
• Aclaración sobre requisitos de admisibilidad de las ofertas y preocupación ante la falta de proporcionalidad entre la experiencia requerida y el flujo real del servicio en la actualidad. (Se solicita una experiencia de 2millones de inspecciones en 10 años, cantidad que representa apenas poco más de lo que se inspecciona en Costa Rica en un año)
• Ausencia de información para calcular la inversión necesaria a la operación.
• Ausencia de garantías que permitan asegurar una participación de oferentes de calidad.

Riteve inició operaciones en el país en el 2002, inicialmente por un período de 10 años, que según el contrato solo podía ser prorrogado una única vez por un lapso igual. Esa situación fue la que llevó a la empresa a mantenerse a cargo del servicio hasta este año.

Desde mediados del año la Contraloría General de la República venía realizando varias advertencias sobre la necesidad de iniciar un nuevo proceso de contratación desde hace un año, así como las gestiones necesarias para el cierre contractual y el traslado de activos a manos de Gobierno, sin embargo no se avanzó en esa línea y más bien las anteriores autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), recibieron llamadas de atención por no acatar de las disposiciones del ente contralor.

La administración Alvarado presentó, en abril pasado, una solicitud de prórroga ante la Contraloría, sin embargo, esa petición fue rechazada, pues carecía de una serie de información técnica, entre esta los detalles sobre el modelo a seguir, el mecanismo tarifario y los términos de la nueva licitación.

En tanto, la decisión del Gobierno de Chaves obligará a suspender el servicio durante dos meses, mientras se lleva a cabo la selección del nuevo operador.