Reformas en España

En la época de los hechos, los principales partidos nacionales, PSOE y Popular, estuvieron unidos en contra de la aventura catalana. Hoy, en cambio, la oposición -Popular, Ciudadanos y Vox- considera que los socialistas "traicionan" esos principios, en aras de conseguir el apoyo de los catalanes de Esquerra Republicana en el Congreso, para aprobar el presupuesto de 2023.
Esa parece haber sido la principal motivación para que Sánchez promoviera y acelerara la reforma que está en discusión en la Cámara, y cuyo despacho pretende lograr allí antes de fin de año, para su aprobación en el Senado. Así, se eliminaría el delito de sedición, y sería reemplazado por el de "desórdenes públicos agravados". El primero, se refiere a quien se alza en "forma tumultuaria para impedir por la fuerza o al margen de la ley la aplicación de las leyes o resoluciones judiciales", y tiene una pena de hasta 15 años de cárcel. El segundo es el "intento de atentar contra la paz pública mediante actos de violencia o intimidación", y tendría una pena de hasta cinco años.
La oposición presentó enmiendas que fueron rechazadas, en las que pretendían mantener el delito original, castigar los llamados a consultas populares ilegales y endurecer penas para quienes promuevan la independencia de alguna región. Con eso dejaron marcado el punto del rechazo a la reforma y del peligro que supone para la institucionalidad española, dado el riesgo de alentar nuevos intentos secesionistas.
Sánchez considera que la ley "ayudará a distender la situación en Cataluña", que los delitos no quedarán impunes porque seguirán existiendo bajo otra denominación, y que los acusados que están en el exilio podrían ser extraditados, pues esta ley sería más parecida a las de otros países europeos. Sin embargo, al decir del expresidente socialista Felipe González, los líderes catalanes no incurrieron en "desórdenes públicos", sino que impulsaron leyes de desconexión y "regularon una república independiente", lo cual va más allá de la tipificación del nuevo delito.
La oposición buscará hacer que el gobierno pague costos políticos por esta medida, que la mayoría de los españoles no apoyan. Ello podría pasarle la cuenta a Sánchez, quien deberá enfrentar elecciones generales el próximo año.
El peso de una mala ley de "libertad sexual"A Sánchez le pesan además los problemas en su coalición. El más llamativo es el que produjo la supuesta ley progresista sobre violencia sexual, llamada "ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual", conocida como "solo sí es sí", impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, mujer de Pablo Iglesias, exlíder de Podemos. La legislación ha sido motivo de duras críticas porque su resultado fue el opuesto al esperado, al permitir que condenados por agresiones sexuales, y aun violadores, rebajaran sus penas o incluso accedieran a la libertad.
Montero, en vez de reconocer errores, acusó a los jueces de "machistas". Hoy está en la mira de sectores del socialismo, especialmente las feministas, que han pedido su renuncia. Lo sensato sería rectificar la norma, pero Sánchez se ha opuesto, a la espera de que sean los tribunales los que delimiten y "unifiquen la doctrina". Esto no ha ocurrido. Por el contrario, se siguen sumando casos de solicitudes para revisar condenas.
La coalición del PSOE y Unidas Podemos no está en el mejor momento. A los recurrentes conflictos entre esos dos bloques se suma la tensión entre Podemos y la vicepresidenta Yolanda Díaz, quien tiene aspiraciones de liderar a la izquierda impulsando su propia plataforma. Ella reemplazó a Iglesias tras la salida de este para disputar la presidencia de la comunidad madrileña, donde fue ampliamente derrotado.
China: aAjuste al covid cero tras las protestasEl régimen comunista chino tiene poca tolerancia a las protestas, y las que estallaron a fines de noviembre contra la dura política de covid cero, las mayores desde 1989, estaban destinadas a ser sofocadas como toda manifestación de descontento social.
Esta vez, la represión fue menos brutal que aquel año. Aun así, las fuerzas de seguridad usaron técnicas de copamiento, desplegando agentes y vehículos policiales que procedieron a controles de identidad, y chequeos a los celulares en busca de imágenes o mensajes de características "subversivas". No se sabe cuántos detenidos hubo ni si enfrentarán cargos criminales.
Sin embargo, estas protestas tuvieron un efecto inesperado: el anuncio de un cambio en la política oficial de manejo del covid ("ajuste" lo llamaron), que podría traer en poco tiempo un alivio de las restricciones a las que ha estado sometida la población desde que estalló la pandemia, por falta de cobertura de vacunas y falencias en los sistemas hospitalarios. Habrá menos confinamientos colectivos, menos test obligatorios, posibilidad de cuarentenas en los domicilios, más libertad para acudir a comercios, restaurantes y similares, y más vacunación. Al parecer, las autoridades comunistas reconocen que el covid cero ya no es posible. Una noticia alentadora para los ciudadanos chinos y para la economía mundial.