UDI organiza grupos de trabajo para tramitar Ley de Presupuestos y frenar traspasos "discrecionales"

Hasta la fecha límite del 30 de septiembre el Gobierno tiene para enviar al Congreso su proyecto de ley de Presupuesto del año 2024. La discusión del erario en ejecución estuvo marcada por roces entre el oficialismo y la oposición en el financiamiento de algunos entes públicos y nuevamente se espera igual escenario.
Por ejemplo, en 2022, cuando se discutía la ley en la Cámara Baja, en la votación en particular no se aprobaron los fondos destinados a las partidas del Ministerio del Interior relacionadas con seguridad, puesto que la oposición las consideraban insuficientes, y al INDH, como tampoco a otros organismos estatales relacionados con la cultura como el Museo de la Memoria.
Ello suscitó reclamos del oficialismo y el Gobierno, y los recursos fueron repuestos en el Senado.
Para el del 2024, en abril, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, había adelantado que habría una baja respecto del alza del gasto público; en 2023 se contemplaba un incremento de un 4,2% y para el próximo año desde Hacienda habían afirmado que el alza bajaría a un 1,2%.
Desde la UDI ya se están organizando grupos de trabajo para la tramitación de la ley y se están analizando los posibles elementos que tomarán la agenda del debate y se están preparando propuestas a la ley que presenten desde el Ejecutivo.
Convenios y Martínez
Desde la tienda adelantan que en la discusión por la Ley de Presupuestos será muy importante el factor convenios y la fiscalización de los dineros fiscales para su buen uso, puesto que se señala que hubo "un abuso" de una herramienta legal (la suscripción de convenios por trato directo) para "defraudar al Estado".
Desde la Fundación Jaime Guzmán, en un informe se señala que "se estima que no será una discusión fácil, y se espera poder aumentar las restricciones y los controles al uso de los recursos del erario fiscal, para evitar casos de corrupción como los conocidos en los últimos meses".
También en dicho informe hay otro elemento que se torna relevante en la próxima negociación: el rol de la directora de Presupuestos, quien ha sido objeto de múltiples cuestionamientos de parte de la oposición y se le acusa de cierta responsabilidad en propiciar el caso Convenios.
En el mismo documento se señala que "dentro de los cuestionamientos que se hacen a la directora se encuentran haber flexibilizado el traspaso de recursos públicos a fundaciones por parte de los gobiernos regionales, además de haberse eliminado la norma que exigía dos años de experiencia previa a fundaciones receptoras de fondos".
Temas prioritarios
En el informe de la fundación se sugiere además, basado en los estudios de las preocupaciones ciudadanas, una serie de temas a priorizar en la discusión. En primer lugar se encuentra el rol del presupuesto en la reducción de las listas de espera. En segundo lugar, "congelar el aumento de los recursos del INDH", ello se explica afirmando que "la justificación de cada recurso destinado al INDH es realmente importante cuando se cuenta con una serie de necesidades de gastos con mayor urgencia para los chilenos".
También se incluye en dicha lista revisar el Plan Nacional del Litio e incluir a los privados, revisión de la contratación en el sector público, reparaciones para víctimas del terrorismo y revisión de pensiones otorgadas con ocasión del 18-O de 2019.
El diputado de la UDI Juan Antonio Coloma sostuvo que "esta será una Ley de Presupuestos que se transformará en la prueba de fuego del ministro Marcel: o volverá a ser el economista prudente y técnico que conocimos en su desempeño en el Banco Central o definitivamente será capturado por el FA y el PC, cediendo a un gasto sin líneas claras de fiscalización, sin hacerse cargo de programas mal evaluados que irrogan un gasto innecesario al Estado que se podría dirigir a los más vulnerables y a la clase media".
Por su parte, la diputada de la misma tienda Flor Weisse afirmó que "la bancada será extremadamente rigurosa en esta Ley de Presupuestos, en programas mal evaluados y en la fiscalización de las transferencias de fondos públicos a todo tipo de instituciones que puedan ser discrecionales. Acá lo único que se espera es un gasto eficiente y responsable, cada peso importa, el país no está en condiciones de desviar dineros a otros fines que los necesarios para el bienestar de la población".