El Comercio, Perú
28 de noviembre de 2023
La presidenta de la República atribuyó la medida de la fiscal de la Nación a ?una maniobra política? para ?distraer? a la ciudadanía.
Por MARTÍN CALDERÓN P.
En el pronunciamiento que emitió ayer para rechazar las imputaciones en su contra, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, informó de la presentación de una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes ocurridas durante las protestas contra el gobierno y el Congreso realizadas entre diciembre del 2022 y enero del 2023.
El caso también alcanza al primer ministro Alberto Otárola y a los exministros del Interior Víctor Rojas, Vicente Romero y César Cervantes.La presentación de la denuncia constitucional causó sorpresa. Apenas el pasado 23 de octubre, Benavides había prorrogado por ocho meses más la investigación preliminar contra Boluarte. Para ello, argumentó que solo se habían realizado el 20% de las diligencias por ?una serie de situaciones que generaron dilaciones innecesarias?.En ese momento dispuso recabar las declaraciones de más de 300 personas en calidad de testigos.
Flanqueada por su Gabinete Ministerial en Palacio de Gobierno, Boluarte emitió también un pronunciamiento y dijo que la denuncia en su contra es ?una maniobra política? para ?distraer? a la ciudadanía.
?Mi gobierno ratifica el compromiso de lucha frontal contra la corrupción y esta debe ser sin injerencias ni presión política, como se pretende indicar para distraer o cambiar la noticia sobre asuntos de corrupción que llegarían hasta la fiscal de la Nación?, manifestó.
?Argumentos?
La denuncia contra Boluarte es por los presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves. En tanto, Otárola, Rojas y Romero son señalados por homicidio calificado, y Cervantes, por lesiones graves.
El documento dio cuenta de fallecidos ?presuntamente a causa del uso desproporcionado y letal de la fuerza? por parte de las autoridades.
Añadió que Boluarte tenía el deber de garante de la vida e integridad física de los ciudadanos. Además, es jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.La fiscal de la Nación destacó en la denuncia constitucional que Boluarte, Otárola y los exministros del Interior ?habrían tenido comportamientos omisivos dolosos?, es decir, presuntamente no intervinieron para evitar violaciones a los derechos de los manifestantes.
En esa línea, puntualizó que la mandataria tenía el deber de garantizar que las fuerzas del orden ?operen dentro de los límites de la ley y el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos?.
PROCESO
La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones (APP), confirmó a El Comercio que recibió la denuncia.
