El INE, nuevamente

Las denuncias de falsificación de instrumento público en la realización de una encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en la provincia de Llanquihue, hechas por una funcionaria de ese mismo organismo, vuelven a poner de relieve la necesidad de fortalecer su institucionalidad. Aunque la respuesta del INE ha sido bastante críptica respecto del involucramiento de funcionarios, la subdirectora de la institución confirmó la existencia de sumarios internos.
Por cierto, problemas de esta naturaleza pueden surgir en cualquier entidad, por lo que no resulta pertinente levantar grandes cuestionamientos a partir de un caso en particular. Más bien, la manera en que se enfrentan estas situaciones refleja en muchas ocasiones de mejor forma la fortaleza de una institución. Con todo, es inevitable recordar casos pasados de problemas en el INE que han minado su reputación, lo que ha llevado a numerosos debates sobre la urgencia de modernizar el organismo estadístico.
Ya en el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet se impulsaron los primeros intentos de modernización de la ley que regula al instituto, pero ese esfuerzo estaba principalmente orientado a definir el rol del INE como institución ordenadora del Sistema Estadístico Nacional, sin necesariamente apuntar a su fortalecimiento. Luego, el empeño fue retomado durante el segundo gobierno del Presidente Piñera, a raíz de los problemas detectados en la construcción del IPC.
En ese momento, se solicitó a una comisión estudiar los aspectos centrales del proyecto original y hacer una propuesta de modernización. Esta apuntó al fortalecimiento de la estructura de gobernanza del INE y del Sistema Estadístico Nacional. Ello involucraba la creación de un Consejo Estadístico Nacional, que cumpliera un rol directivo sobre el INE y el resto del sistema estadístico. Este consejo -encargado a su vez de nombrar al director nacional del instituto- tendría como objetivo diseñar un plan estratégico y velar por su implementación y por el establecimiento de procesos adecuados para ello.
Desafortunadamente, las diferentes administraciones no han seguido priorizando estos cambios más allá de las recurrentes crisis que ha enfrentado el organismo. A su vez, el gobierno actual no ha dado importancia a este asunto. Los cambios necesarios no son de gran envergadura, y permitirían avanzar en el fortalecimiento de la institucionalidad estadística. Por lo mismo, resulta difícil comprender la dificultad para sacar adelante un proyecto de ley cuyos alcances son eminentemente técnicos, salvo que la causa de ese escaso avance sea el bajo impacto comunicacional que tiene una discusión como esta en las épocas en que el organismo no es objeto de polémicas. Lamentablemente, sin embargo, revivir el debate solo cuando aparecen crisis es la mejor receta para minar la credibilidad en las instituciones públicas y en el sistema político.