Casi 40 funcionarios: Cómo será la agencia del Gobierno que buscará destrabar los trámites

La reforma que impulsa el Gobierno para racionalizar la entrega de permisos sectoriales ya está lista para su discusión legislativa. El proyecto de ley se denomina "Marco de Autorizaciones Sectoriales", y fue diseñado por el Ministerio de Economía, que encabeza Nicolás Grau.
Además de fortalecer el Sistema de Información Unificado de Permisos (SUPER), donde ingresan las autorizaciones y se ordenan según categoría y proporcionalidad, el proyecto busca crear una nueva institución que vele por el cumplimiento de los plazos de los trámites.
Es decir, será la agencia que luche contra la "permisología", con su propia dotación y costos.
El nuevo SRES
El nuevo ente público que crea el proyecto de ley como eje articulador del combate a la "permisología" se denomina Servicio de Regulación y Evaluación Sectorial (SRES). En el texto legal, se define como "un servicio público funcionalmente descentralizado, de carácter técnico, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relacionará con el(la) Presidente(a) de la República a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo". Contará con un director nombrado a través de Alta Dirección Pública.
Casi 40 funcionarios
Para operar, según se detalla en el informe financiero del proyecto, la nueva entidad requiere 39 funcionarios. Siete de ellos serán traspasados desde Economía. El gasto en personal equivale a $1.628 millones en régimen (ver tabla).
Entre sus funciones específicas, el servicio debe velar por que se cumplan los procedimientos, generar reportes estadísticos, coordinar a los servicios y hacer propuestas de mejora.
En particular, también estará a cargo de lo que hasta hoy se conoce como la plataforma SUPER. Es el sistema electrónico de información y gestión de las autorizaciones sectoriales, donde además se suscriben y presentan las declaraciones juradas. Su rol se incrementa con esta reforma, pues progresivamente se constituirá como la "ventanilla única" para la solicitud de autorizaciones, las cuales podrán ser verificadas en línea. Para fortalecer esta plataforma, se destinan recursos equivalentes a $326 millones en régimen para su desarrollo, soporte y mantenimiento, dado el aumento del flujo de trámites a operar que se proyecta.
Ambos elementos concentran el mayor gasto asociado a la reforma. Con todo, la reforma tiene un costo en régimen de $2.101 millones, que en parte será financiado con recursos provenientes de la cartera de Economía por unos $578 millones.
El mayor gasto fiscal neto será de $1.523 millones.
Comité de subsecretarios
Uno de los principales desafíos para el nuevo sistema será coordinar a todos los órganos del Estado que tienen injerencia tanto en la revisión como otorgamiento de autorizaciones, además de impulsar mejoras regulatorias en cada uno de ellos.
Para esa función se crea un Comité de Subsecretarios para la Regulación y Evaluación Sectorial, que recogerá las recomendaciones del SRES y definirá una agenda de mejoras al respecto. Serán representantes de 15 carteras y contarán con una secretaría técnica.
Esta instancia estará radicada en el mismo SRES, cuyo director será un miembro permanente de las citas periódicas. Habrá al menos una reunión por trimestre.
PersonalEn régimen, el gasto en personal del nuevo servicio asciende a $1.628 millones.