Parlamentarios advierten "grave" impacto económico en Aysén por Ley Lafkenche

Los ojos de la Región de Aysén están puestos en la Comisión Regional de Uso de Borde Costero, entidad que definirá el destino de dos solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) que piden la entrega de más de 600 mil hectáreas de mar. Este mecanismo es permitido a través de la Ley Lafkenche (ver recuadro).
Algunos sectores han alertado sobre el impacto que tendría una eventual aprobación de las solicitudes. En el rubro salmonero han señalado que en el área solicitada figura el 45% de las concesiones acuícolas de Aysén.
Distintos actores han manifestado su preocupación con el tema. El diputado José Miguel Calisto (independiente) calificó que una posible aprobación significaría un golpe para la actividad económica regional, y particularmente para la tasa de empleo de Aysén, por lo que ha solicitado la intervención del Gobierno para que no prospere el potencial otorgamiento de estos ECMPO.
"Esta es una grave amenaza al desarrollo productivo de la Región de Aysén, dado que tiene como principal ingreso económico toda la actividad marítima, en ello la actividad vinculada a la salmonicultura, la pesca y la industria vinculada al recurso bentónico, que representan prácticamente el 50% de la actividad económica de la Región de Aysén", dijo. "Estas solicitudes de espacios marinos, a través de de 600.000 hectáreas de concesiones acuícolas para el pueblo originario, en realidad lo único que busca es truncar el desarrollo económico de la Región de Aysén", afirmó.
Para el senador David Sandoval (UDI), una eventual aprobación de las solicitudes limitaría el desarrollo de las principales actividades económicas de la región, vinculadas a la salmonicultura y la pesca. "Es prácticamente cercenar y asfixiar el desarrollo productivo de la zona austral. Aysén, que tiene una eminente vocación pesquera y particularmente dentro del ámbito pesquero, tiene una eminente vocación acuícola", expresó.
La diputada Marcia Raphael (RN) dijo que uno de los problemas es la "desproporcionada" solicitud para ceder más de 600 mil hectáreas de mar, dado que el promedio general de entrega anteriormente era de unas 250 mil hectáreas. Señaló que, a su juicio, "aquí se están aprovechando de un vacío legal en la Ley Lafkenche (...) esto significa la entrega de una gran mayoría del borde costero de nuestra región. Es un despropósito", dijo.
Contraste
El diputado René Alinco (independiente) aseguró en Radio FM Namar de Melinka que se debe alcanzar un acuerdo entre todas los actores involucrados, "donde los diferentes sectores, las comunidades indígenas, los pescadores artesanales, que son los verdaderos dueños de nuestro mar, mantengan o recuperen sus derechos históricos adquiridos".
En tanto, Sofía Barrera, abogada del área de Acceso a la Justicia en ONG FIMA, señaló que las solicitudes se han ajustado a la normativa de la Ley Lafkenche y a los usos acreditados por parte de Conadi.
"Las ECMPO son convenios de las comunidades con el Estado para administrar los usos consuetudinarios, como son la recolección, la pesca, la navegación, pero no significa que se le dé propiedad a una comunidad". En este sentido, recalcó que "lo que se reconoce es el uso ancestral de manera compatible con otros usos que ya han sido reconocidos en forma anterior a las solicitudes de Espacios Marinos Costeros Protegidos", sostuvo. "Lamentablemente, este proceso ha sido opacado por la desinformación en torno a la figura de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios, los cuales, en realidad, son una muy buena herramienta para el ordenamiento territorial de las zonas costeras de nuestro país", añadió.
Qué es la Ley LafkencheLa Ley 20.249 nació producto del interés de las comunidades mapuche-lafkenche por obtener, según solicitaron, el reconocimiento y protección de sus derechos territoriales sobre el borde costero. La iniciativa, que comenzó su trámite legislativo en agosto de 2005, y fue promulgada a inicios de 2008, estableció un mecanismo para destinar un Espacio Costero Marítimo de los Pueblos Originarios (Ecmpo) para preservar usos y costumbres indígenas. Se entrega por un tiempo indefinido en administración a una comunidad o a una asociación de comunidades indígenas, siempre y cuando no existan derechos constituidos por terceros en dicha área y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) verifique los usos y costumbres alegados.