La Nacion, Costa Rica
18 de abril de 2024
Contraloría halló divergencias en plazos de obras de entre 3 y 6 años y, en sus costos, de ¢103.000 millones en agua potable y ¢137.000 millones en saneamiento
La gestión de inversiones del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para el servicio público de abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales no ha sido eficaz ni eficiente, revela un informe de fiscalización de la Controlaría General de la República (CGR).
Con planes de inversión vigentes por más de ¢801.000 mil millones, esas deficiencias de la entidad han impedido la atención de una necesidad pública con la oportunidad requerida aún y cuando es competencia del AyA garantizar el abastecimiento de agua potable y el saneamiento de aguas residuales.
En este sentido, utilizando el Índice de Desarrollo Social del 2023, la CGR halló que únicamente 1,6% de los distritos con mayor condición de vulnerabilidad del país tienen inversiones programadas en saneamiento y solo 16,7% en agua potable.
Por otra parte, solo 41,6% de distritos identificados como más vulnerables según el Índice de Vulnerabilidad Comunitaria al Agua Potable del AyA (publicado en 2021) están asociados a las principales inversiones en el portafolio del Instituto.
Según el informe, "eso muestra una deficiente atención de las comunidades más vulnerables del territorio nacional". Eso deriva de retrasos en la finalización del 57% de los proyectos que debían concluirse en enero 2024. Ello afecta a 2.8 millones de personas en todo el país.
Las afectaciones importantes que detectó la Contraloría están en la construcción de alcantarillados sanitarios, eliminación del déficit actual de agua potable, entre otros.
El informe califica de "incipiente" el portafolio de inversiones actual lo cual dificulta la resolución de problemáticas apremiantes, dice el documento, las cuales permitirían atender problemas como desigualdad en el acceso a servicios de agua potable y saneamiento y hasta conflictos sociales por el uso del agua, entre otros.
¿A qué se debe esto? Según el informe, hay deficiencias en el manejo de la información que luego afectan la administración del tiempo, costo y alcance de las inversiones.
"Se encontraron discrepancias importantes en datos registrados para proyectos de tres y hasta 6 años; y las diferencias totales en los costos reales reportados ascendieron a ¢103.000 millones para agua potable y ¢137.000 millones para saneamiento", cita el documento.
(*) Noticia en desarrollo.
