Una discusión urgente

Lo sucedido en la Universidad Nacional, a raíz del nombramiento del rector, es una campanada de alerta para toda la educación superior, sobre todo cuando avanza el trámite de la Ley Estatutaria y se anuncia un nuevo proyecto para reemplazar la Ley 30, que ha regulado el sistema durante tres décadas. Es bueno que se abran nuevas oportunidades de acceso a estudios superiores para quienes concluyen su bachillerato. En un artículo publicado en la revista Cambio, Edna Bonilla hace un recuento de los enormes beneficios que trae para el país y para cada región el desarrollo de las capacidades intelectuales, profesionales y técnicas de sus jóvenes y el impacto que eso tiene en la economía, la cultura y la política. Pero nada de eso se consigue con la expedición de una ley si no se dan condiciones esenciales como la efectiva mejora de la calidad en la educación básica, la garantía de que los niños que van a los colegios públicos reciban el tiempo de atención escolar necesario para su desarrollo, el apoyo en salud para superar las dificultades que suelen presentarse en los años de primaria y la garantía de que la educación superior pública tendrá las condiciones de independencia que le permitan desarrollar en los estudiantes la capacidad crítica, el espíritu investigativo y el compromiso ético que conlleva la permanente búsqueda de la verdad. No conozco el texto aprobado por la Cámara, pero ojalá haya recogido un concepto de la Corte Constitucional que señala el carácter de derecho-deber, es decir que el derecho a la educación superior no es incondicional, por cuanto quienes acceden a ella están sujetos al cumplimiento de requisitos académicos esenciales para certificar su idoneidad para ejercer una profesión u oficio en beneficio de la comunidad. Esto concuerda con otros pronunciamientos de la misma Corte sobre la obligación del Estado de garantizar la calidad de la educación superior y la autonomía universitaria. Es indispensable ahondar en el principio de autonomía, entendiendo sus profundas raíces en la vida política y el desarrollo científico y económico del país. Algunos de los que hoy paralizan la universidad usando la violencia para desconocer los reglamentos autónomos de la institución son los que en otros momentos han vociferado reclamando una autonomía que entienden como extraterritorialidad para rechazar que dentro del campus puedan ingresar actores del Estado como la Policía, con el fin de proteger la vida, honra y bienes de estudiantes, profesores y funcionarios. Imagino una campaña para elegir rector liderada por estos grupos que actúan sin mostrar la cara, amenazando a quienes no los secundan y bloqueando la libertad de expresión. No se puede saber si son estudiantes regulares o traficantes encapuchados. ¿Quién da cuenta de sus financiadores? ¿Puede una comunidad amedrentada elegir libremente a quien asegure los ideales académicos, éticos y sociales que pretende garantizar un derecho fundamental? No se entiende que un gobierno que se dice progresista ponga en riesgo la independencia de las instituciones que aseguran el progreso, que forman a quienes deben enfrentar los enormes retos de las próximas generaciones frente al cambio climático, la alimentación, la energía, la salud, las relaciones internacionales, la industria... No es declarando días cívicos como se resuelven los problemas del país y tampoco haciendo grandes manifestaciones. Una y otra cosa pueden ser expresiones legítimas de confrontación ideológica o política, pero no consiguen lo que históricamente se ha producido en los centros donde el pensamiento riguroso, el debate libre y la investigación científica son las herramientas que se entregan a la juventud para que transforme la realidad usando la razón. Si de algo debe mantenerse independiente la universidad es de quienes ostentan el poder, pues así como deben ser sus grandes defensores pueden ser sus peores enemigos.
Independencia del poder
Francisco Cajiao