La Nacion, Costa Rica
24 de abril de 2024
Comisión investigadora del Congreso tendrá hasta el 30 de mayo para terminar comparencias y rendir informe final.
Los diputados aprobaron, la tarde de este miércoles, concederle un plazo adicional de 30 días a la comisión especial que investiga los cuestionados contratos de publicidad suscritos por el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) con varias instituciones autónomas.
Con 28 votos a favor y 16 en contra, el plenario acordó darle hasta el 30 de mayo al foro para que concluya la pesquisa y rinda un informe. Originalmente, tenía plazo hasta el 30 de noviembre del 2023 para realizar la tarea encomendada, pero se le dio una primera extensión que vence el próximo 30 de abril.
La segunda ampliación del plazo fue avalada por legisladores del Partido Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Partido Liberal Progresista (PLP), Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Partido Progreso Social Democrático (PPSD) y Partido Nueva República (PNR).
Dentro de estas fracciones hubo diputados que votaron negativamente la moción. Entre ellos figuran Fabricio Alvarado, Rosalía Brown, Yonder Vargas, David Segura, Olga Morera y José Pablo Sibaja, diputados del PNR.
En la fracción del PUSC, no apoyaron Daniela Rojas, Leslye Bojorges y Melina Ajoy; mientras que en la bancada del gobierno se pronunciaron en contra Pilar Cisneros, Ada Acuña, Daniel Aguero, Waldo Aguero, Alexander Barrantes, Paola Najera y Manuel Morales.
La comisión fue creada, en setiembre del año pasado, con el encargo de investigar supuestas irregularidades y manipulaciones en los contratos de publicidad suscritos por el Sinart con otras entidades públicas, así como las instrucciones provenientes de Casa Presidencial para llevar a cabo dichos acuerdos, incluso en contra de recomendaciones técnicas que aconsejaban no firmarlos.
También se examinó el contrato por $405.000 que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) sometió a licitación pública internacional para brindar servicios de comunicación a Casa Presidencial. Los términos del convenio fueron redactados desde Presidencia por el empresario Christian Bulgarelli, cuya empresa participó en la licitación y se adjudicó el contrato.
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