Las claves del informe que advierten sobre un aumento de la violencia contra niños y adolescentes en Uruguay

El Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav) presentó ayer su informe de gestión anual, en el que se revelaron datos correspondientes al año 2023, los que dan cuenta de un aumento de la violencia hacia niños y adolescentes","theme.el-pais-uruguay-theme-epd.:core:enhancement:Enhancement.hbs.enhancementAlignment":null,"theme.el-pais-uruguay-theme-epd.:core:enhancement:Enhancement.hbs.overrideCaption":null,"_id":"0000018f-141b-d97b-a79f-375ffc120000","_type":"809caec9-30e2-3666-8b71-b32ddbffc288"}">violencia hacia niños y adolescentes en Uruguay. El documento da cuenta, señalaron sus autores, de varios elementos de "preocupación".



Según datos, que fueron presentados en el Palacio Legislativo, durante el último año se atendieron 8.157 situaciones de violencia hacia niños y adolescentes, representando estos un promedio de 22 por día -dos más que los que marcaban los datos del año anterior.



En 2022, este número había sido de 7.473, registrándose, entonces, un aumento del 9% con respecto a la detección de estos casos.



La mayoría de las víctimas fueron del sexo femenino, siendo estas el 54%.



La directora del Sipiav, María Elena Mizrahi, dijo en conversación con El País que estos números "son preocupantes" porque "hablan de una violencia instalada".



"Y esos son los casos que pudimos detectar e intervenir", agregó, haciendo la salvedad en cuanto a todas la situaciones que no llegan a conocerse.



Por su parte, el subsecretario del Ministerio del Interior, Pablo Abdala, se sumó a la idea de Mizrahi y dijo a El País que el aumento de la violencia contra niños y adolescentes "es la confirmación de un problema real que nos interpela a todos" y que "es necesario prevenir".



"Hay que actuar con responsabilidad poniendo el foco en la protección", dijo. Y agregó que "también puede verse un aumento en los números porque actualmente hay vías más accesibles (para denunciar) y mayor centralización".

Datos

Uno de los cambios con respecto a informes anteriores se da en las franjas etarias en las que se detectaron los casos de violencia. La franja correspondiente al rango de 0 a 5 años llegó a 17%, mientras que la mayoritaria fue la de 13 a 17 años, con un 38%.



De la totalidad de casos que el Sipiav atendió durante 2023, casi 9 de cada 10 -el 87%- fueron detectados cuando ya eran crónicos, lo que significa que la situación de violencia se extendió durante más de seis meses.



Con respecto a los tipos de violencia, el maltrato emocional fue el más frecuente con 39%, seguido por el abuso sexual con 22%. Casi uno de cada cuatro registros corresponden a violencia sexual, y en total fueron 1.900 casos detectados, representando un promedio de atención de 5 por día.



Si bien en la mayoría de los casos de violencia hay cierta paridad con respecto al sexo de las víctimas, en los delitos sexuales existe una diferencia amplia. En casos de explotación sexual, el 81% de las víctimas fueron mujeres, quienes también representaron el 78% de los niños y adolescentes víctimas de abuso sexual. En los casos de abuso, casi 8 de cada 10 abusadores eran integrantes del núcleo familiar.



Según el informe del Sipiav, es necesario "trabajar en prevención a nivel general", ya que gran parte de los niños y adolescentes afectados -el 62%- no reconocía la violencia debido a una "naturalización".



El 46% del total convivía con su agresor al momento de la detección.



Luego de la presentación de los datos, el presidente del Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay (INAU), Guillermo Fossati, reconoció que "la respuesta" del Estado "es siempre insuficiente", debido a que hay "asignaturas pendientes" en el combate a este tipo de violencia.



Y enseguida agregó: "Cuanto más aumenta la cobertura en materia de protección, más fuerza adquiere el indicador de que hay un problema en la sociedad".

Delito digital

El informe del Sipiav tiene un apartado dedicado a los delitos digitales. Con respecto a estos delitos, la directora Mizrahi dijo a El País que con la tecnología llegaron "nuevas formas de violencia" que requieren "respuestas distintas".



"Es necesario capacitar también a los técnicos para que sepan cómo atender este tipo de situaciones", agregó, y aseguró que "los niños y adolescentes son nativos digitales" pero "los adultos no".



"No se trata de prohibirle internet a los niños, sino de que los adultos tengan presencia y limiten las páginas a las que pueden acceder", señaló al respecto Mizrahi.



El reporte reveló que el 69,4% de los adolescentes vio pornografía alguna vez, siendo 12,7 la edad promedio en que lo hicieron. Pero el 21% de ellos consumieron este contenido por primera vez entre los 6 y los 11 años.



Por otra parte, el 39,1% de los adolescentes dijo haber sufrido durante el último año agresiones y/o discriminación a través de medios digitales. Dentro de este grupo, uno de cada cinco dijo haberlo sufrido por al menos dos meses de forma ininterrumpida.



El informe hace referencia también a otras conductas y delitos digitales como el sexting -intercambio de material con contenido sexual-, el grooming -acoso online de un adulto a un menor para involucrarlo en una actividad sexual- y la incitación a conductas dañinas.

Ruta

El Sipiav presentó, además, una hoja de ruta para el abordaje de situaciones de niños y adolescentes hijos de mujeres víctimas de femicidio.



Lo que se espera es que esta iniciativa permita "la rápida articulación interinstitucional de la atención y la reparación integral del daño", según el documento.



El plan parte de un convenio entre INAU, Fiscalía, la Facultad de Psicología y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).



El protocolo establece recomendaciones para el abordaje de los casos, tanto a corto como a largo plazo, así como indicaciones de roles y responsabilidades que tendrán que adoptar los organismos involucrados en el proceso.

Iniciativa

En tanto, con el objetivo de avanzar en políticas entre organismos para disminuir los casos en los que niños y adolescentes son víctimas de algún tipo de violencia, un comité integrado por distintas oficinas del Estado se está reuniendo todas las semanas para establecer protocolos.



Actualmente buscan avanzar con respecto a un sistema de información integrado en el que se compartan datos para "mantener una trazabilidad", señaló Abdala a la prensa luego de una de las reuniones interinstitucionales convocadas tras el episodio ocurrido semanas atrás en Pinar Norte, que dejó a un niño fallecido y dos baleados.