La Nacion, Costa Rica
27 de abril de 2024
Exmandatario Carlos Alvarado aseguró que no hubo ningún tipo de espionaje ni se causaron daños a terceros con la UPAD.
Carlos Alvarado, expresidente de la República (2018-2022), declaró el pasado viernes 19 de abril, ante el Ministerio Público, por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), en el cual figura como investigado por el presunto delito de violación de datos personales.
Según informó la defensa del exmandatario, Alvarado declaró que, durante su gobierno (2018-2022), no se llevó a cabo ningún acto de espionaje desde la UPAD, oficina que tenía su sede en Casa Presidencial.
El expresidente alegó que el único propósito del análisis de datos fue desarrollar una política pública precisa, basada en evidencia e identificación de las necesidades de la sociedad, de acuerdo con prácticas de gobiernos de países desarrollados.
Asimismo, aseguró que el uso de datos se orientó hacia el interés público, sin comprometer la privacidad de las personas, ya que nunca se actuó de manera clandestina ni se compartió información sensible en foros o con organizaciones.
"Durante mi mandato, nunca se instruyó a ninguna persona para espiar a un costarricense o habitante de la República. No hubo malversación de fondos ni venta de información ni se obtuvo beneficio ilegal alguno derivado de la operación del equipo de análisis de datos. Estoy seguro de que esto ya ha sido corroborado por los responsables de la investigación", afirmó el exmandatario.
Rodolfo Brenes, codefensor de Alvarado y quien estuvo presente durante la diligencia, señaló que, a lo largo del proceso, ha habido una serie de "excesos" por parte de la Fiscalía General, los cuales han retrasado el avance de la investigación.
Brenes enfatizó que, si la Fiscalía quiere avanzar en el proceso, al menos en lo que respecta al expresidente Alvarado, debe dar seguimiento a las acusación presentada hace dos años.
En febrero del 2022, el Ministerio Público acusó a Alvarado y al exministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, por el presunto delito de prevaricato, en concurso ideal con un delito de fraude de ley y otro más de abuso de autoridad.
Esa acusación está relacionada con el decreto de creación de la UPAD, bajo el argumentó de que no se ajustó a los procedimientos adecuados, pues no fue remitido al Departamento de Leyes y Decretos, con el fin de analizar su procedencia, cuadro fáctico y legalidad.
"Deberían proseguir de inmediato con la acusación, a la cual no le han dado seguimiento desde que don Carlos dejó de ser presidente, a pesar de nuestros llamados manifestando nuestra disposición para que dicha causa pase a la audiencia preliminar, como corresponde. Si no lo hacen así, serán los únicos responsables de prolongar este proceso por años", expresó Brenes.
La creación de la Upad generó preocupaciones de diversos sectores sobre posibles violaciones a la privacidad y el respeto a los derechos individuales en la recolección de datos por parte de la Presidencia.
El caso UPAD llevó a investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República para determinar si hubo irregularidades en el manejo de datos y posibles infracciones legales.
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