El Comercio, Perú
30 de abril de 2024
Norma. El ministro Raúl Pérez-Reyes afirma que la actualización de la ley portuaria permitiría que el consorcio opere el puerto de Chancay en exclusiva. Esta ya ha sido aprobada en primera votación.
Por junior miani
El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez-Reyes, aseguró que la actualización de la Ley del Sistema Portuario Nacional (LSPN) impediría que el consorcio Cosco Shipping, que está a cargo de la construcción y operación del megapuerto de Chancay, abra un arbitraje contra el Perú. El Comercio pudo conocer que la empresa habría planteado un trato directo para buscar solucionar la controversia creada a partir del impedimento para que pueda operar en exclusiva los servicios de la infraestructura.
El texto sustitutorio de la LSPN permite que la Autoridad Portuaria Nacional pueda otorgar la exclusividad de la operación a empresas privadas a través de habilitaciones o licencias portuarias, situación que no se contempla en la normativa actual.
?El proyecto de ley fue aprobado en primera votación, esperamos que esta semana tengamos la segunda votación, con lo cual el proyecto estaría expedito para ser promulgado y entrar en vigencia, con lo cual se soluciona el problema de la exclusividad?, afirmó Pérez-Reyes.
A pesar de esto, que se apruebe la ley no detendría de oficio el trato directo ni impediría que el concesionario del puerto de Chancay pueda abrir nuevos arbitrajes basándose en el tratado de libre comercio entre el Perú y China.
El titular del MEF, José Arista, indicó que confía en que el arbitraje no ocurrirá. ?Estoy seguro de que, en este caso, esto no va a suceder, vamos a llegar a un acuerdo antes, y si no se llega a un acuerdo, respetaremos los derechos del inversionista?, sostuvo.
El Poder Judicial declaró inadmisible la demanda que presentó la Procuraduría del MTC contra Cosco Shipping, con la que buscaba anular la exclusividad de esa empresa en los servicios esenciales del puerto de Chancay.
EL DATO
Cosco Shipping notificó al Gobierno sobre un plazo de seis meses para negociar y resolver la problemática de la exclusividad de servicios en el puerto.
