Ante la violencia: convicción y decisión

En el ambiente de violencia que experimenta el país -dramáticamente refrendado por el asesinato de tres carabineros en Cañete, el pasado fin de semana- se superponen una serie de fenómenos, como la expansión del narcotráfico y la instalación del crimen organizado, potenciados ambos por el descontrol fronterizo y la inmigración ilegal; a lo que se agrega la existencia de grupos radicalizados que operan, por ejemplo, en torno a los liceos emblemáticos, y aquellos de carácter terrorista que actúan especialmente en la macrozona sur. Esa violencia no ha logrado ser controlada y se ha transformado en el tema de mayor relevancia para la ciudadanía, la que vive con una permanente sensación de temor e inseguridad.
Entre las dificultades que han impedido una acción más clara y eficaz contra esos grupos, está la concepción ideológica que respecto de este tema tienen los sectores cercanos a Apruebo Dignidad -núcleo original que apoya al Gobierno-, muy distinta de la visión de gran parte del resto de los otros partidos y movimientos. El simbolismo negativo que esa izquierda adjudica a los conceptos de autoridad y jerarquía, y su permanente desafío a la institucionalidad -la que no comparten en muchos ámbitos-, la ha llevado a cuestionar de modo sistemático el uso de la fuerza del Estado para combatir el quiebre de la legalidad. Esto, ya sea por una mirada victimizante, según la cual la delincuencia sería simplemente el resultado de la injusticia social, o, en el caso de la violencia política, por compartir parte de su cuestionamiento al orden vigente.
Eso ha hecho que la discusión política se haya arrastrado por años sin resolver una suma de materias, desde la definición de terrorismo y la necesidad de dotar al Estado de herramientas especiales para enfrentarlo, hasta la existencia de un sistema de inteligencia eficaz o la explicitación de reglas claras sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes del Estado. Pero todo ello es finalmente manifestación de algo aún más relevante, cual es la ausencia de convicción para enfrentar dicha violencia con la vocación necesaria para doblegarla. Algo de ello ya se dio durante la segunda administración Bachelet y su prolongada reticencia para recurrir a la legislación antiterrorista en La Araucanía, pero alcanzó su máxima expresión durante los primeros meses del actual gobierno, con ejemplos como la inicial negativa para declarar el estado de excepción en la macrozona sur o el intento de una de sus ministras por dialogar con Héctor Llaitul, líder de la CAM, hoy condenado por los tribunales. El clamor ciudadano frente a la expansión de la violencia en todas sus formas ha ido generando un cambio de las actuales autoridades frente a este tema, motivado en algunos casos por la convicción y en otros por el realismo político. Con todo, subsiste en el oficialismo un sector relevante que persiste en sus posiciones ideológicas y que ejerce una presión permanente sobre el Gobierno.
Al respecto, vale la pena recordar que, en los inicios de la transición, bajo la administración del Presidente Aylwin, la Concertación, que incluía a varios partidos de izquierda, no tuvo inconvenientes ideológicos para desarticular a los grupos armados insurreccionales que aún insistían en mantenerse como tales, en un escenario en que no se contaba con una institucionalidad específica construida para esos efectos. El éxito en esa tarea se debió a la convicción de las autoridades de la época de que ese era el camino para que la democracia se instaurase sobre una base sólida, y a la decisión inclaudicable de avanzar en esa línea. Así, lejos de empatizar con quienes persistían en el camino de las armas, se advirtió correctamente la amenaza que representaban y la necesidad de combatirlos.
La lección que ello deja, y los problemas de violencia que hoy arrastra el país, indican que es tiempo de dejar a un lado las discusiones ideológicas. La hora actual requiere actuar con convicción y decisión para combatir un flagelo que se nutre, entre otros elementos, de las vacilaciones que muestra la autoridad. Por eso, más allá de las definiciones de los términos legales involucrados, las que, por momentos, parecen ser más académicas que pragmáticas, la autoridad debe recuperar la convicción de los años 90 y actuar con decisión. La ciudadanía lo reclama con urgencia.