Chile, Brasil y la industria forestal

En un hecho esencial, CMPC comunicó a la Comisión para el Mercado Financiero que había acordado con el estado de Rio Grande do Sul un protocolo de intenciones para evaluar una nueva planta de celulosa en Brasil, la que podría producir hasta 2,5 millones de toneladas anuales, superando levemente su capacidad actual en Chile y duplicando la existente en el referido país. El protocolo contempla también inversiones en infraestructuras portuarias y viales, involucrando el plan total montos por US$ 4.500 millones. Es esperable que una compañía que aspira a jugar un papel relevante en el mercado mundial diversifique su producción en distintas latitudes. Con todo, atendidas las ventajas comparativas con las que ha contado Chile en la elaboración de este producto, llama la atención que el país quede tan rezagado en su portafolio.
Tal es seguramente una respuesta a la pérdida de competitividad de la industria forestal en nuestro territorio. Ya en su carta anual a los accionistas, el presidente de la papelera había advertido sobre el deterioro de las condiciones para desarrollar esta actividad. Entre otros factores, destacaba los incendios, las usurpaciones, la violencia y los robos de madera como responsables del fenómeno. También, la existencia de una crítica injustificada a esta industria, acusada, sin sustento real, de distintos perjuicios. El cambio en la tendencia experimentada por las exportaciones forestales es quizás el mejor indicador del deterioro: si en el período 2003-2013 ellas se expandieron a un ritmo anualizado de 8,6 por ciento, en la década siguiente decrecieron a un promedio anual de 0,4 por ciento (cifras del Banco Central). Este fenómeno no ha sido solo el resultado de un portafolio de inversiones más diversificado, sino que refleja una profunda pérdida de competitividad de nuestra economía en el sector forestal.
Es interesante que el protocolo haya sido firmado con la presencia de la máxima autoridad política del estado (Brasil es un país federal). Ello es habitual en otras latitudes, donde se entiende que una parte relevante de su gestión es atraer inversiones a sus regiones. Así ocurre en naciones europeas, asiáticas, en los estados estadounidenses o en las provincias de Canadá. En Chile, ese "hambre" por inversiones no se visualiza. Por supuesto, ello no significa rebajar estándares ambientales, que en este caso son muy exigentes, desmitificando una de las críticas habituales que se hacen a la desviación de inversiones de compañías chilenas a otros países, cual sería un escaso interés en cuidar el medio ambiente. La realidad es que sí están dispuestas a cumplir altos estándares, pero requieren grados razonables de predictibilidad en el funcionamiento de las evaluaciones, y también que los riesgos sean los propios del negocio y no de fenómenos como las usurpaciones, la quema de bosques o los ataques contra sus trabajadores. La incapacidad de Chile para sostener un aumento interno de la producción mientras sus compañías se fortalecen globalmente en un sector donde se contaba con ventajas comparativas no es la mejor señal para un país que necesita crecer. Urge preocuparse por esta situación.