La Nacion, Costa Rica
8 de mayo de 2024
La exoneración no resuelve la falta de agua, alega el ministro de Hacienda, Nogui Acosta.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, cuestionó el proyecto de ley que el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) pidió impulsar al presidente de la República, Rodrigo Chaves, para tratar de paliar el impacto del fenómeno El Niño en las tarifas de electricidad.
Se trata del expediente legislativo 23.874, que entró a la corriente legislativa en agosto del año pasado y se mantiene en la agenda de la Comisión especial sobre el sector energía.
El proyecto plantea exonerar al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) del pago del impuesto único a los combustibles durante dos años, por la necesidad de utilizar hidrocarburos para generar electricidad debido a la caída de las fuentes renovables, como el agua y el viento. Esto tiene un impacto en la factura eléctrica.
La generación térmica es mucho más cara y eso costo es trasladado a los usuarios.
Los legisladores justificaron la medida por la reducción de las lluvias que causa el fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), particularmente en las regiones Pacífico y Valle Central, así como en la zona norte, junto con un aumento de las temperaturas en el país.
Si bien el ICE adujo, el año pasado, que desarrollaba acciones para garantizar la continuidad del servicio eléctrico al menor costo posible, esta semana anunció que alista un plan de racionamientos en la electricidad por el bajo nivel de los embalses.
Consultado sobre la iniciativa que eximiría al ICE de pagar dicho impuesto, el ministro Acosta explicó que la iniciativa del PUSC no es un proyecto que pueda solventar una situación de cambio climático que requiere "medidas más profundas".
Acosta rechazó la posibilidad de aprobar una exoneración, aunque sea con un plazo de dos años, porque enfatizó que esa medida no resuelve el problema del faltante de agua y, más bien, reduciría la recaudación del "tercer impuesto en importancia" en el país.
Aparte de la exoneración tributaria, el proyecto permitiría que las nuevas concesiones de generación eléctrica no requieran de la aprobación de una mayoría calificada de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), es decir, cuatro de sus cinco miembros, pues actualmente solamente hay tres miembros nombrados.
Por otra parte, el proyecto del PUSC obligaría a las instituciones del subsector energía, así como a las cooperativas de electrificación rural, a aprobar planes de acción para establecer acciones necesarias y urgentes que permitan mitigar los efectos negativos de El Niño.
Entre dichas instituciones están el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), la Aresep, el ICE, la Refinería Costarricense de Petróleo (Recope), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec).
"Estamos muy preocupados sobre la posibilidad de un racionamiento de energía eléctrica, esto podría traer consecuencias muy negativas en el sector productivo y en las familias costarricenses. Hay que tomar cartas en el asunto de inmediato y para eso estamos solicitando que se convoque el proyecto del PUSC", dijo Daniela Rojas, proponente principal del proyecto.
Adicionalmente, la jefa de la fracción de la Unidad, María Marta Carballo, hizo un llamado para que se considere su petición de convocar el expediente.
