Involución neoconservadora

Jorge Restrepo
Los políticos neoconservadores han buscado desde hace tiempo eliminar los subsidios dirigidos a la eliminación de la pobreza. Su argumento es simple: generan dependencia, desestimulan el trabajo, no le llegan a quienes lo necesitan y frenan el emprendimiento, y por ende no sirven para superar la pobreza. Este es el argumento que usó el director del Departamento para la Prosperidad Social en entrevista en El Tiempo al anunciar que "van a ir desapareciendo los subsidios", pues "es mentira que una transferencia … saca a alguien de la pobreza". Añadió que: "el presidente quiere que las transferencias se acaben con el tiempo, que se vayan convirtiendo en proyectos productivos". Así, "en vez de darles un subsidio, les vamos a poner el capital semilla para que se asocien con otras personas para montar proyectos". Este giro en la política social enviaría a la pobreza a quienes cuentan hoy con un ingreso garantizado, causando una pérdida de bienestar inmediata, sin compensación. Este cambio además frenaría la inclusión y el progreso. Las evaluaciones de los programas de transferencias han demostrado que reducen la pobreza, aumentan el consumo de alimentos, mejoran la salud, y llevan a más años de educación, mejores resultados educativos y a una menor probabilidad de unirse al crimen. Se ha documentado menor probabilidad de embarazo adolescente y hasta menos violencia intrafamiliar. Más importante: los programas no desestimulan el trabajo pago sino que aumentan la participación laboral, la probabilidad del empleo de los receptores y hasta aumentan la probabilidad de emprendimiento productivo exitoso (principalmente en mayores de 50 años). Es decir, no sólo no "emperezan", sino que incluyen y activan. Varios de estos positivos resultados se deben a la condicionalidad (atender el colegio y los controles de salud de niñas y niños), a que la gente decide en qué usar la plata que recibe ya que cada vez están mejor dirigidos -gracias a las mejoras continuas, aunque demoradas, en la encuesta del Sisbén. Los programas de desarrollo productivo estatal son, por el contrario, una alternativa demorada, de alto costo y riesgosa. Cualquier proyecto productivo toma meses cuando no años en producir y cuesta más para cada hogar en situación de pobreza que los subsidios que hoy se pagan, lo que supone una menor cobertura potencial. La probabilidad de pérdida de esos recursos es además muy alta: las iniciativas de desarrollo dirigidas o estimuladas por el Estado tienen tasas de fracaso muy altas, más aún si son colectivos. Los muy precarios resultados de los proyectos del Plan Nacional de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (PNIS), así como los del Plante, por allá en los noventa, muestran la gran dificultad del desarrollo asociativo dirigido. No se necesita evidencia del altísimo riesgo del uso político y la apropiación corrupta de los recursos públicos. Tampoco de que la Nación no sabe ni tiene la capacidad de acompañar el diseño de proyectos, seleccionar los mejores o gestionarlos. Mejor más Jóvenes en Acción y menos Ollas Comunitarias.
Profesor de Economía, Universidad Javeriana. X: @jorgearestrepo