Otro bochorno en la FECh

Un bochornoso epílogo han tenido las elecciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, marcado por la impugnación de resultados, las recriminaciones entre partidos oficialistas y la apatía de la inmensa mayoría de los potenciales electores, quienes simplemente se abstuvieron de participar, pese a haber podido hacerlo vía telemática. Es esa apatía el rasgo más revelador de estos comicios, con una participación que apenas superó el 23%.
Lo ocurrido retrotrae a la federación al escenario de crisis que se abrió en 2019, cuando en la elección de ese año no se alcanzaron los quorum requeridos. Vino entonces un largo proceso de "refundación", que incluyó la elaboración de nuevos estatutos, aprobados el año pasado en un plebiscito.
Posteriormente se realizaron elecciones, en las que se impuso una lista conformada por el Partido Comunista y Convergencia Social, la colectividad del Presidente Boric. Dichos comicios convocaron al 26,2% de los estudiantes, superando por poco el 25% que una norma transitoria de los nuevos estatutos fijaba como requisito. Para la elección de este año, en tanto, la misma norma estipulaba un quorum de 30%. Compitieron ahora la lista de la actual directiva, que buscó su reelección, más una nómina del Partido Socialista, y otras dos listas de izquierda. El primer lugar lo alcanzó de nuevo el pacto PC-CS, pero imponiéndose por apenas 14 votos a los socialistas. Al no lograr ningún sector mayoría absoluta, correspondía en principio realizar segunda vuelta. Sin embargo, el no cumplimiento del quorum ha abierto otra crisis.
En efecto, haciendo una particular -y muy enrevesada- interpretación de los estatutos, el Tricel de la FECh declaró válidos los resultados y convocó al balotaje. Esto fue entendido por algunos como una forma de dar estabilidad a la federación. No lo vio así, sin embargo, el PC, cuyas juventudes emitieron una durísima declaración, en la que denunciaron que la interpretación del Tricel "daña profundamente la democracia estudiantil universitaria". La actual presidenta, Catalina Lufín (PC), denunció además irregularidades en el proceso. Sus compañeros de lista, Convergencia Social, fijaron su propia posición, declarando que la elección "no es políticamente representativa" y anunciando que se bajaban, si bien marcando distancia de las críticas al Tricel, pues "tomar tales posturas nos parece irresponsable y peligroso". Pero además arremetieron contra la lista socialista por las celebraciones que esta ha hecho del resultado. El candidato del PS, Fernando Segura, respondió a su vez acusando a sus adversarios de "salir a culpar a medio mundo" sin hacerse autocrítica.
La controversia da cuenta de una altísima tensión entre los tres partidos oficialistas que se disputan la federación, difícil de entender tratándose de miembros de una misma coalición. Tal agresividad podría quizá explicarse por haber sido tradicionalmente la FECh un espacio de poder clave para la izquierda: no es casual que el Presidente Boric y varios de sus ministros hayan saltado a la política luego de presidir la federación. Con todo, es evidente la desproporción entre este conflicto y el nulo interés que la gran mayoría de los estudiantes de la Universidad de Chile manifiestan respecto del organismo teóricamente llamado a representarlos. Es probable que en la apatía incidan factores como el distanciamiento de sus intereses respecto de los que defiende la FECh y el desencanto con un gobierno como el actual, formado por exdirigentes universitarios. Respecto de esto último, es revelador que, en menos de un año, la lista PC-CS haya reducido su votación de casi seis mil sufragios a menos de 2.500 y que ni siquiera sumando los del PS el oficialismo logre replicar el resultado de 2023. Precisamente por esos bajos números es complejo extrapolar demasiadas conclusiones, pero el desánimo estudiantil debiera constituir una señal de alerta para los partidos de gobierno. En cuanto al resto de la ciudadanía, es aleccionador constatar la mínima representatividad de organismos cuyos dirigentes suelen autoatribuirse la condición de genuinos intérpretes de las demandas ciudadanas.