Descuelgues oficialistas en el Senado dejan sin sanción el voto obligatorio, tal como había ocurrido en la Cámara
El Ejecutivo podría vetar. La debacle fue por la multa que se extendió a electores extranjeros, nudo que Tohá había advertido el lunes a las 7:30 hrs. Ramírez (PC) dijo sobre esa discusión, La Moneda llegó "tarde".
Sentado en las tribunas del Senado se podían oír improperios pronunciados metros más abajo, en el hemiciclo; aunque parecían susurrarlos dieron cuenta del difícil momento que transcurría en la sala de la corporación, el que culminó con el sorpresivo rechazo del informe de la comisión mixta para hacer la elección de octubre en dos días, al no lograr el quorum de aprobación de 28 votos. Obtuvo 25 respaldos, 7 rechazos y 7 abstenciones.
Extrañamente, otra vez fue el oficialismo el que no acompañó la aprobación del texto de la mixta, dando paso nuevamente al vértigo de tener la incongruencia de un voto obligatorio, pero sin sanción; lo que para expertos sería un voto voluntario de facto inspirado, dicen, en que la voluntariedad le sería favorable electoralmente a la izquierda.
Esta situación no es del todo ajena para el oficialismo, porque en segundo trámite, diputados del sector ya habían dejado caer la norma de la multa en la Cámara, en segundo trámite; en lo formal aludían a lo elevada de la sanción de máximo $200 mil, pero, analistas creen que ello respondería a una suerte de "cálculo electoral", en que el voto voluntario les sería afín.
Fue la izquierda la que no respaldó el informe, excepto los senadores Esteban Velásquez y Alejandra Sepúlveda, del FRVS, que sí respaldaron el informe, pero de todas maneras, el oficialismo volvió a dejar sin multa el voto obligatorio. En contra votaron los oficialistas Jaime Quintana, Loreto Carvajal y Jorge Soria (los tres del PPD); Daniel Núñez (PC), Gastón Saavedra y José Miguel Insulza (del PS) y el frenteamplista Juan Ignacio Latorre.
Por la abstención estuvieron Isabel Allende y Paulina Vodanovic (ambas del PS); Ricardo Lagos Weber y Pedro Araya (los dos PPD); Francisco Huenchumilla y Yasna Provoste (de la DC) y Claudia Pascual (PC); y la oposición aprobó el texto.
La propuesta contenía tres divergencias a resolver: regulación de la propaganda, para sumar a las redes sociales a lo estipulado para las radios y prensa escrita; la rebaja de $1.500 a $975 el valor del sufragio a reembolsar a candidatos y partidos; y, el tercer aspecto, soble la sanción por no votar con sufragio obligatorio, fue lo que deflagró la tramitación del informe.
Las banderas rojas
Todo comenzó a las 7:30 horas de la mañana del lunes, cuando la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), alertó en Tele13 Radio, al parecer sin lograr el eco suficiente, que sobre la elección en dos días "se armaron estas distintas aprensiones, cómo estaba formulada la multa, cómo estaba formulado el voto de los extranjeros; eso es otro tema que va a haber que mirar porque había una contradicción ahí. El voto de los extranjeros en la Constitución está puesto como 'pueden votar' ('podrán ejercer el derecho a sufragio (art. 14 de la Constitución), eso se va a tener que resolver en la mixta y espero que ahí se encuentre un buen acuerdo". Esas fueron las banderas rojas que levantó Tohá, afirman en el oficialismo, pero que no todos vieron, se lamentan, ante lo ocurrido anoche.
Así se llegó a la sesión de ayer de la comisión mixta, en la que se ratificaron las aprensiones oficialistas y del Gobierno, en torno a que la redacción del propio Ejecutivo, introducida en la comisión de Hacienda del Senado, del siguiente tenor: "El elector que no sufragare será penado con una multa a beneficio municipal de 0,5 a 3 unidades tributarias mensuales"; en vez de elector debió decir "ciudadano"; de esa manera quedarían excluidos automáticamente los extranjeros en condición de sufragar. Alertados de eso, ahí comenzó la dificultad para el bloque.
El ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde (PS), intentó enmendar la equivocación, para que así su efecto fuera distinto, pero llegó tarde a la sesión de la comisión mixta y aunque se entrampó en una discusión con el presidente de la instancia, Manuel José Ossandón (RN), la indicación ya se había votado y aprobado, por lo que el reclamo fue a destiempo. Acompañaron esa postura, los demás representantes de la oposición en la comisión mixta.
¿Verdadera razón?
Sabido lo que pasó comenzaron a circular más de una interpretación, respecto de ¿cuál fue la verdadera razón? para dejar nuevamente el voto obligatorio sin sanción, sumado a que de tener multa, esta sería también para extranjeros. Entre los parlamentarios asistentes, como Juan Manuel Fuenzalida (UDI), afirmaron que el Ejecutivo se dio cuenta tarde que los migrantes en posición de votar podrían ser entre 600 mil a 1 millón, por lo que al aplicarles la multa lo más probable es que vayan a sufragar y la izquierda debe tener en cuenta que electoralmente ese bolsón de votos no serán para ellos probablemente.
No obstante, antes, Tohá había asegurado: "nosotros nos vamos a encargar, y si no fuera así, vamos a ocupar los mecanismos que nos da la legislación, incluido el veto, para que el voto obligatorio quede con multa, porque los chilenos no aceptarían la hipocresía de un voto obligatorio sin ningún tipo de sanción, sería contarnos cuentos".
Desde el PC, el diputado Matías Ramírez, miembro de la mixta fue crítico del Gobierno por la sanción a extranjeros al no sufragar: "esa fue una discusión que llegó tarde por parte del Ejecutivo hay que decirlo; en las conversaciones que nosotros tuvimos previas, el eje estaba centrado en la multa, en la regulación de redes sociales y el valor del voto. Cualquier persona que tiene derecho a sufragio en nuestro país, independiente de la calidad de ciudadano o no, debe afrontar las multas como todos. Es importante establecer que esta fue una discusión a la que lamentablemente el Ejecutivo llegó tarde"
Resta que el Gobierno eventualmente pueda evaluar un veto u otra iniciativa, para subsanar o reponer lo que no prosperó; lo que el ministro Elizalde anticipó se analizará.
Analistas hablan de "calculadora" en el oficialismoEl cientista político Aldo Cassinelli dijo a "El Mercurio", tras la votación, que "el oficialismo nos demuestra con esta votación que prefiere limitar la participación electoral para obtener potencialmente mejores resultados en las próximas elecciones cambiando a última hora las reglas del juego democrático. Volver al voto voluntario, que es el efecto de esta votación, implica contar con una política centrífuga que fomenta nichos electorales, es decir, potencia las posiciones extremas dentro del eje derecha/izquierda. Aquí, quienes pierden son las posturas moderadas y aquellos que están dispuestos a buscar acuerdos en beneficio del país".
Marco Moreno, director de la Escuela de Comunicación y Gobierno de la U. Central, afirma que "lo que ocurrió muestra desorden e improvisación en el oficialismo en relación a la discusión sobre el voto obligatorio y las otras indicaciones que se plantearon en la comisión mixta. El fondo de esto tiene que ver con la resistencia de los incumbentes al voto obligatorio porque se han ido dando cuenta de que el llamado 'votante obligado' que se ha expresado en los últimos plebiscitos puede ser capaz de dar vuelta un resultado electoral".
Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD, dice "es insólito que a 110 días de una elección, que es tan relevante como la elección municipal, todavía el país no tenga certeza sobre en cuántos días se va a votar, o si va a haber el feriado anunciado, qué monto de devolución por voto va a haber y si habrá multa en caso de no concurrir a votar. Es una vergüenza que a esta altura estemos improvisando un proceso electoral tan relevante y aquí hay responsabilidades del Gobierno y, por cierto, del Congreso, que no ha logrado de alguna forma responder. La segunda reflexión es que sorprende otra vez la desalineación de parlamentarios oficialistas con respecto a la opinión del Gobierno. Pareciera que está operando mucho más la calculadora política por parte de parlamentarios del oficialismo".