Lacalle Pou busca el respaldo de todos los partidos políticos para habilitar asistencia financiera al Casmu

Tras 48 horas de reflexión, el presidente Luis Lacalle Pou decidió buscar el apoyo parlamentario para brindar al Casmu una nueva asistencia económica a partir de la presentación de un proyecto de ley que propone una garantía para que la tercera mutualista con más afiliados pueda acceder a un nuevo fideicomiso, que solicitó la directiva a mediados de junio.

Según informaron a El País fuentes de Presidencia, el objetivo del primer mandatario es que una decisión de ese tipo tenga el respaldo de todos los partidos. La idea de enviar este proyecto de ley, y que en rueda de prensa dijo que tendrá la firma de los ministros y será enviado el lunes, había sido trasladada este jueves a la presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, según indicaron por su parte fuentes de la bancada nacionalista.

El monto del fideicomiso que habilitaría la ley es por la cifra que se ha manejado públicamente estos días de debate público con la mutualista: US$ 56 millones. Con ese dinero, se apuesta a revertir la "grave crisis financiera" que atraviesa la mutualista con unos 180.000 usuarios, y en la que trabajan 4.000 funcionarios y 3.000 médicos. En caso de aprobarse a nivel político esta garantía para mitigar su "problema de liquidez", sería el quinto fideicomiso que recibiría Casmu, que ya obtuvo garantías por unos US$ 121 millones, en los últimos 15 años.

En rueda de prensa en Tacuarembó, Lacalle Pou dijo que su objetivo es que, con esta ley, "se establezca esa garantía que eventualmente" pueda aportar la "liquidez económica que necesita Casmu". La meta, agregó, es que "siga en funcionamiento" la institución, manteniendo la asistencia médica y las fuentes de trabajo.



Con esos US$ 56 millones se pagarían varios meses de sueldo y se saldarían deudas millonarias con los laboratorios y otros proveedores, describieron las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) en el Parlamento semanas atrás. El proceso legislativo, con el que el gobierno buscará legitimar el salvataje a una de las mutualistas de mayor porte de Uruguay, no ocurrió con las garantías previas que obtuvo Casmu, confirmaron a El País fuentes de la cartera.

"La plata que se le va a dar eventualmente al Casmu, la garantía, es con dinero de los uruguayos. Entonces hay que manejar lo más responsablemente los recursos públicos", puntualizó el mandatario sobre la garantía que daría el Estado, para que luego la mutualista pueda endeudarse con un privado que le brinde el monto millonario solicitado.

Otro aspecto que manejó el presidente, también en Tacuarembó, fue sobre la futura gestión de la mutualista. Este punto, que generó diversos debates en las últimas semanas, incluso a la interna de la coalición por las fuertes críticas del senador blanco Sergio Botana a la cúpula del MSP, aún no se terminó de saldar. No obstante, el presidente adelantó que la "recomendación" que recibió es intervenir la mutualista "sin desplazamiento" de autoridades.

"Sería más inteligente no intervenir, sino solo poner condiciones y que las autoridades naturales de la institución sean responsables de cumplir con el plan acordado", insistió ahora Botana en diálogo con El País. Y subrayó: "Una intervención siempre tranca".

Si bien "falta un informe", que lo está elaborando el MSP según supo El País, lo más probable es que el gobierno opte por este tipo de intervención, diferente a la que optó en 2021 con la extinta Casa de Galicia, cuando se desplazaron a las autoridades pocos meses antes.

Sindicato y Casmu aguardan resolución

Jorge Bermúdez, representante de los trabajadores en la Junta Nacional de Salud (Junasa) y exsecretario general de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), dijo ante la consulta de El País que la ministra Karina Rando lo llamó este viernes tras las declaraciones del presidente.

"Tuve una comunicación telefónica con la ministra sobre las 17.00 horas, donde se estableció que lo que se va a resolver por parte del Poder Ejecutivo sería la intervención del Casmu sin desplazamiento de autoridades. Y se le otorgaría a la mutualista un préstamo, pero como esta no alcanzaría con las garantías para acceder, el tema pasaría al ámbito parlamentario donde el Poder Ejecutivo haría un planteo de que allí se apruebe una ley para darle ese préstamo", añadió.

El sindicalista añadió que Rando también les transmitió que "entre el lunes y martes" próximo va a convocar a la FUS y al sindicato de Casmu (Afcasmu) para trasladarles "la resolución en forma oficial". "Hasta que eso no se produzca, los trabajadores no vamos a tomar ninguna resolución", dijo Bermúdez sobre los pasos darán por estas horas.

"Nos apresuraríamos si tomáramos una resolución de ocupar, y también si decimos que levantamos la medida. Hay declaraciones, que las valoramos mucho y cambian el escenario. Pero no significa que nos vamos a apresurar, porque no hay una intervención decretada, y tampoco vamos a levantar las medidas porque no sabemos las características de esta medida", acotó Bermúdez.

Ariel Irigoitía, al frente del sindicato de la mutualista, dijo a El País que ahora solo han recibido las "sugerencias" del presidente, y tomaron conocimiento del envío del proyecto de ley, cuyo contenido desconoce e ignora "cuál es la intencionalidad", cuestionó. A diferencia de Bermúdez, dijo que no recibió comunicaciones directas desde el gobierno.

Lo cierto es que tras las declaraciones de Lacalle Pou, "no ha cambiado nada" respecto a las medidas previstas, afirmó Irigoitía en línea con Bermúdez. Lo resuelto días atrás, y reafirmado antes de los dichos de Lacalle Pou, es que ante cualquier intervención Afcasmu iba a ocupar la institución, y la FUS activaría un paro nacional de 24 horas. Fue por este motivo que el Poder Ejecutivo no se habría pronunciado de manera tan categórica sobre qué medida tomar, indicaron fuentes del MSP.

Por su parte, el presidente del Casmu, Raúl Rodríguez, dijo que aguarda conocer una resolución efectiva del gobierno antes de pronunciarse. "No puedo opinar porque no recibí nada oficial", expresó a El País. Antes de los dichos del presidente, afirmó en rueda de prensa que "no hay mérito" para una intervención.

Bajo la lupa

De avanzar con esta "sugerencia" de intervenir sin desplazamiento de autoridades, tal como dijo Lacalle Pou, que se manejaba en el sector salud en los últimos días, continuarían en su cargo tanto Rodríguez y su equipo, pero con interventores al lado, con un rango superior al de los veedores designados por el MSP en diciembre.

El gobierno evalúa nombrar más de dos interventores para el caso Casmu debido al tamaño de la mutualista, acotaron los informantes.

El decreto 139/004, que reglamenta la intervención administrativa de las mutualistas, establece que los interventores "no sustituirán la voluntad de las autoridades de la institución", pero en esa potestad de "diagnóstico", los expertos designados pasarían a tener un rol más activo de la marcha de toda la institución.

Cuando no hay desplazamiento de autoridades, los interventores cuentan con "las más amplias facultades de contralor, fiscalización e investigación". Esto los habilita a "inspeccionar y comprobar documentación", "participar de las reuniones ordinarias y extraordinarias, pudiendo observar las decisiones de las autoridades naturales de la institución que consideren irregulares, dando cuenta al MSP", e incluso "sugerir los correctivos que estimen pertinentes", entre otros puntos, según el artículo 7 de dicho decreto.

Con el mismo escenario, sin remover a las autoridades, los interventores designados deberán elevar un informe al MSP "dentro de los 60 días de decretada la intervención", que contenga un "diagnóstico" de la situación, puntualiza el artículo 9 del decreto 139/004.

"Cuando de dicho informe resultare, a juicio del MSP, un grave desorden administrativo, contable y/o asistencial que ponga en riesgo la atención de los afiliados", agrega la normativa, el Poder Ejecutivo podrá "desplazar" a las autoridades "naturales" de la mutualista, o bien "disponer su liquidación".

La normativa establece que la intervención, por cualquiera de las causales, no podrá extenderse por un plazo mayor a un año. "La intervención será a los solos efectos de diagnosticar la situación existente y convocar de oficio a los órganos deliberantes competentes, con el objeto de tratar dicha situación y resolver al respecto", establece el artículo 1 del mismo decreto.