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Por Ariana Lira Delcore
?Desde hoy ?El Comercio? es del Sector Campesino?, se leía en la portada de El Comercio del 27 de julio de 1974. Poco después de las 2 de la madrugada, habían ingresado, fusil en mano, a la redacción de este Diario los efectivos de seguridad del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. La expropiación de El Comercio se sumaba, así, a la lista de medios que la dictadura había incautado para silenciar a un periodismo incómodo.
Ha pasado medio siglo desde aquel silenciamiento a mano armada y hoy, aunque en distinta forma, la libertad de prensa aún no está a salvo. Solo hasta junio de este año, se han reportado 187 ataques a periodistas, según la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP). En promedio, en el 2024 se ha registrado uno de estos ataques cada día.
Luego de los civiles, los funcionarios son el segundo tipo de agresor más común (37%).
?Mayor sutileza, mismo objetivo?
?Antes, te asesinaban o te expropiaban para que te callaras. Hoy lo hacen de una manera más sutil, porque así es mucho más difícil que la ciudadanía vea que lo que están pretendiendo es lo mismo: acallar una investigación?. Así describe Zuliana Lainez, presidenta de la ANP, las formas contemporáneas de censura.
Para la especialista, las amenazas en la época actual tienen una característica que las hace particularmente peligrosas: estas provienen de todos los poderes del Estado. ?Cuando tienes una situación en la que un Congreso quiere amordazar a la prensa, un Ejecutivo estigmatiza todos los días a los periodistas y un Ministerio Público acepta denuncias tan absurdas como reglaje, no podemos hablar de un correcto equilibrio de poderes?, advierte.
Rodrigo Salazar, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, coincide: ?Estamos entrando a un camino autoritario y de degradación democrática. No son solamente el Congreso y Dina Boluarte. Es la fiscalía que allana la casa de Juan Carlos Tafur, es Alejandro Soto que dice que va a presentar una querella por semana, es la defensoría que no hace nada?.
En la misma línea, el abogado especializado en libertades informativas Roberto Pereira explica que, en la actualidad, quienes lideran los poderes del Estado coinciden en un notorio propósito de limitar la actividad periodística. Estima que esto se ha visto reflejado en nocivos proyectos de ley del Congreso, la reducción del espacio abierto para la prensa, la admisión del Poder Judicial a demandas o querellas contra periodistas que investigan a funcionarios.
?Hay una tendencia a considerar a la prensa un enemigo político y atacarla. Eso parte de una concepción equivocada de lo que debe ser la prensa frente al poder: la prensa siempre debe tener una relación conflictiva con el poder porque el rol de la prensa es denunciar, fiscalizar y cuestionar. Para eso existe la libertad de expresión?, sostiene.
El 2023 tuvo la cifra más alta de ataques a periodistas de los últimos 10 años. A seis meses de haber empezado el 2024, el número de ataques a periodistas representa el 53% del total de agresiones del 2023.