"Peligro para la seguridad" y "error" de jueza: Interior apela para revertir libertad de colombianos que atacaron a carabineros

Frente al eventual riesgo de fuga de dos de los ciudadanos colombianos imputados por agredir a carabineros en el barrio Franklin la semana pasada, se decidió controlar en los últimos días si estaban cumpliendo con el arresto domiciliario nocturno decretado por el tribunal. Se les ubicó en las direcciones que habían entregado en Maipú y Estación Central.
En ese marco, tanto la Fiscalía Metropolitana Centro Norte como el Ministerio del Interior, en su calidad de querellante, apelaron para insistir en la prisión preventiva de José Tobar y Roberth Zúñiga.
"El Mercurio" accedió al recurso del Gobierno, interpuesto por el abogado Nicolás Espinoza, donde se argumenta la necesidad de cautela respecto de los imputados extranjeros. Detalla que ambos fueron formalizados el 22 de julio por atentados y amenazas contra la autoridad, pero que pese a la gravedad de los hechos y la necesidad de cautela de prisión preventiva, el tribunal de garantía solo ordenó arresto domiciliario nocturno.
"Consideramos que la decisión del tribunal de no dar lugar a la petición de este interviniente, de decretar la prisión preventiva, es errada", apuntó la Secretaría de Estado.
En este sentido, la apelación subraya que "la libertad de los imputados representa un grave peligro para la seguridad de la sociedad, ello en relación a los hechos formalizados: se trata de imputados de nacionalidad extranjera (...) que no solo desobedecen las direcciones del personal policial, quienes se encontraban realizando legítimamente las funciones propias de su cargo, sino que además proceden a agredir a los mismos con golpes de puño, lanzamiento de objetos contundentes y proferir amenazas a los mismos".
Recuerda también "la gravedad de los hechos" y que "los delitos imputados afectan la integridad física de miembros de Carabineros de Chile con motivo u ocasión del ejercicio de sus funciones".
Situación migratoria irregular y sin arraigo
A su vez, se alude en la presentación a la situación migratoria de los imputados.
"Que junto con esto, es necesario señalar que ambos imputados son de nacionalidad extranjera, que se encuentran en situación migratoria irregular, y que el hecho de que se les haya asignado un número de identidad chileno y hayan fijado domicilio dentro del territorio nacional, no son antecedentes suficientes para otorgar una medida cautelar distinta (a la prisión preventiva)", asegura la cartera.
También explica el querellante que "no se presentó ante este tribunal antecedente alguno que acreditara algún tipo de arraigo".
En la víspera, el Gobierno había reiterado que ambos formalizados serán expulsados del país una vez que concluya el proceso judicial en curso, pues la ley no permite que ello se haga antes.