Congreso rechaza debatir derogación de la ley de crimen organizado

Por thalía cadenas

Pese a la crisis de inseguridad que golpea al país, la Junta de Portavoces del Congreso, donde están representadas las 13 bancadas, rechazó por mayoría debatir la derogación de la Ley 32108, que cambió la definición de crimen organizado y estableció que para los allanamientos debe estar el abogado del imputado.

El titular del Legislativo, Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), propuso que se evalúe y debata la iniciativa de Ruth Luque (Bloque Democrático) que busca que la norma sea derogada.

Sin embargo, la propuesta fue rechazada por la mayoría de agrupaciones y ahora tendrá que seguir un largo camino en la Comisión de Justicia, presidida por Perú Libre, la bancada que promovió la polémica ley y cuyo líder, Vladimir Cerrón, está prófugo de la justicia.

Según fuentes de El Comercio, la propuesta solo recibió el respaldo del Bloque Democrático Popular, Juntos por el Perú-Voces del Pueblo y la Bancada Socialista.

El rechazo vino de APP, representada por Alejandro Soto, colega de Salhuana; Podemos Perú, Renovación Popular, Perú Libre, Fuerza Popular, Somos Perú, Acción Popular, Avanza País, y Honor y Democracia.

En la sesión también estuvieron presentes Patricia Juárez (FP) y Waldemar Cerrón (PL), quienes ocupan la primera y segunda vicepresidencia del Congreso, respectivamente. Este último es investigado junto a su hermano por organización criminal. En tanto, el tercer vicepresidente, Alejandro Cavero (Avanza País), participó de forma virtual. Las mismas fuentes señalaron que ellos no votaron.

?Solo modificación?

Horas antes, el titular del Parlamento opinó que la norma del crimen organizado debía ser modificada ?en cuanto se refiere al allanamiento y a definición del delito que, aparentemente, habría excluido varios ilícitos penales?.

No obstante, parlamentarios que participaron en la sesión indicaron que Salhuana no llegó a proponer la realización de la sesión extraordinaria y la junta solo aprobó que el tema del terrorismo urbano sea visto recién este jueves.

Por la tarde, tras salir de la sesión, Salhuana aseguró que la Comisión de Justicia será la responsable de evaluar la ley del crimen organizado, pero con miras a modificarla y no derogarla.

Además, justificó la decisión de no abordar la tipificación del terrorismo urbano bajo el argumento de que se va a convocar el miércoles a ?una mesa técnica para incorporar aportes? de especialistas.

En tanto, Ruth Luque cuestionó la decisión de la junta. ?Solo mi bancada, Bloque Democrático Popular; Juntos por el Perú y la Bancada Socialista votaron a favor de que el proyecto se vea en el pleno. Todas las demás bancadas han defendido la ley?, dijo a este Diario.

En diálogo con El Comercio, Guido Bellido (Podemos Perú) y José Cueto (Honor y Democracia) justificaron sus votos en contra de que la iniciativa para derogar la ley pase directamente al pleno.

?Lo que hemos quedado es que la iniciativa tiene que pasar por trámite regular. No hubo mayor debate?, declaró Bellido.

?[Que la norma pase al pleno] sin ver motivos y razonamientos que se debatan en la comisión respectiva no me parece?, dijo Cueto.

La decisión de la junta deja de lado la solicitud que hicieron diversos gremios empresariales para que la norma sea derogada y que se tipifique en el más breve plazo el delito de terrorismo urbano.

?Cuestionan decisión?

En diálogo con El Comercio el exministro del Interior Carlos Basombrío, el exviceministro Ricardo Valdés y los exprocuradores Luis Vargas Valdivia y Antonio Maldonado cuestionaron la decisión de la Junta de Portavoces y opinaron que si la norma del crimen organizado no es derogada, se estaría dando un mensaje a favor de la delincuencia. Además, señalaron que tipificar el delito de terrorismo urbano no sería la solución para el problema de inseguridad de afronta el país.

Basombrío opinó que el mecanismo más ?sencillo? es derogar la norma y elaborar una ?con más calma?, que tome en cuenta las opiniones de especialistas, como la Fiscalía de la Nación y la Policía Nacional.

Una opinión similar tuvo Valdés. A su criterio, la derogación de la ley sería la medida más efectiva, debido a que ?carece de lógica? y ha ?generado una serie de problemas?. Uno de ellos tiene que ver con los allanamientos, ?porque está dificultando muchas intervenciones policiales y fiscales?.

Para Vargas Valdivia, con esta decisión, lo que el Congreso comunica es: ?Yo soy el rey y hago lo que quiero. No me importa lo que la gente piense?. El exprocurador cuestionó, además, que haya parlamentarios que pongan trabas a la derogatoria y defiendan la norma.

A su turno, Maldonado también afirmó que la vía es derogar la ley. Bajo su análisis, no correspondía que el Congreso haya aprobado una norma de esa naturaleza, debido a que ?no cabía ni correspondía hacer ningún cambio? al texto. Agregó que con la decisión de la junta, el mensaje es de ?impunidad? y calificó los proyectos para tipificar el terrorismo urbano como ?demagogia pura?.

Votaron en contra

José Williams (Avanza País), Guido Bellido (Podemos Perú), Flavio Cruz (Perú Libre), Elvis Vergara (Acción Popular), Arturo Alegría (Fuerza Popular), Alejandro Muñante (Renovación Popular), José Cueto (Honor y Democracia), Héctor Valer (Somos Perú), Segundo Quiroz (Bloque Magisterial), Alejandro Soto (APP).