El Comercio, Perú
1 de octubre de 2024
Estudio. De acuerdo con encuesta de Datum Internacional, si bien la percepción es generalizada, hay una mayor incidencia en Lima y Callao. Además, el 60% de la ciudadanía considera que el financiamiento de los partidos para sus campañas debe salir del sector formal de la economía.
Por alexander villarRoelZURITA
Para 8 de 10 peruanos, la influencia de las industrias ilegales ?narcotráfico, minería ilegal, tala ilegal, etc.? es muy elevada y significativa en el sector político, según una encuesta de opinión pública de Datum Internacional para la consultora Centro Wiñaq.
De acuerdo con el estudio, realizado a escala nacional y en zonas urbana y rural,el 50% de la ciudadanía cree que esta influencia es muy alta y el 32,2% estima que es alta. En suma, más del 80% de peruanos percibe que las economías ilegales inciden en los políticos.
Si bien hay una percepción generalizada, a nivel de regiones hay mayor incidencia en Lima y Callao, así como en la zonas norte y centro del país. Además, los jóvenes de entre 25 y 34 años son los que más reflexionan sobre esta situación.
Franco Olcese, socio del Centro Wiñaq, dijo a El Comercio que este problema es visible y palpable para la ciudadanía. A su juicio, está relacionado ?con la impunidad, la falta de reacción y la facilidad con la que operan? este tipo de economías.
?Basta con ver que operan con total tranquilidad. Cuando el 50% de los bodegueros son extorsionados; cuando no se puede hacer una obra sin que vengan a cobrar cupos?, comentó Olcese.
Similar postura tuvo Jeffrey Radzinsky, director de GFP Consultores, quien apuntó que la economía ilegal per se no puede analizarse de manera aislada de sus efectos, que van desde contaminación hasta extorsión, homicidios y otros delitos. ?Lo que la gente nota son esos efectos, esa serie de delitos, asociados a estas prácticas?, remarcó.
Radzinsky también apuntó que esa percepción se alimenta por la acción del sector político, como el Congreso. ?Si uno ve la poca confrontación que ha habido, desde el poder político, a las economías ilegales, daría a pensar por qué está tan generalizada esta idea de influencia de estas industrias?, acotó.
?Financiamiento al 2026?
En tanto, con miras a las elecciones del 2026, la ciudadanía considera que el financiamiento de los partidos políticos para sus campañas debe salir del sector formal de la economía; es decir, de personas naturales y jurídicas.
El 60% de los encuestados se inclina hacia esta posición, según el estudio. Solo el 14% piensa que el Estado debe financiar a los partidos y el 11,4% cree que debe salir de fuentes relacionadas con las economías ilegales o informales.
En el 2018, se aprobó mediante referéndum la reforma constitucional para regular el financiamiento de las organizaciones políticas, estableciéndose la prohibición de que personas jurídicas con fines de lucro aporten a los partidos.
Para Olcese, al haberse limitado el financiamiento privado, ?se ha dejado a los partidos a la merced de las industrias ilegales?.
Por su parte, el abogado especialista en temas electorales Jorge Jáuregui incidió en que el tema del financiamiento está generando un problema de desigualdad, una brecha que, como Estado, aún no se ha podido solucionar.
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