El resbaladizo estándar moral

Son demasiadas las ocasiones en que el discurso moral, utilizado como estandarte de superioridad respecto del resto, ha terminado golpeando más que favoreciendo a quienes intentan portarlo en la arena política. Plantear que un grupo -aquel al que pertenecen quienes emiten el juicio- es más virtuoso que el resto o está mejor inspirado o no ha sido contaminado por las tentaciones que corrompen la vida pública, tiende a estrellarse con la realidad, siempre más compleja y enrevesada de lo que dicho grupo está en condiciones de admitir, y de lo que las declaraciones de pureza con que se autodescriben dejan entrever. Por el contrario, normalmente la virtud se encuentra en quienes la llevan interiormente sin hacer alarde de ella; se reconoce por la trayectoria de los actos que realizan, y se admira, precisamente, por la humildad con que se presenta.
Los episodios conocidos a partir del caso Monsalve son un ejemplo de lo anterior. A la luz de la información que se ha revelado -e incluso si se prescindiera de la grave denuncia por delito sexual presentada en su contra-, el comportamiento del exsubsecretario del Interior habría rebasado todas las normas de conducta establecidas para la relación entre un superior jerárquico y su subordinada, pero aun así debería haberlo afectado solo a él y no a todo su sector político y al conjunto del Gobierno. Sin embargo, la cascada de decisiones desacertadas que se produjeron luego de la noche del 22 de septiembre, en las que participaron detectives de la PDI, pero también las más altas autoridades del país, incluidos la ministra del Interior y el Presidente de la República, ha transformado el episodio en una crisis política mayor. Más aún, muestra que la brújula moral que -según el habitual discurso oficialista- debería haberlas guiado, fue opacada por otras consideraciones que no han logrado hasta ahora ser explicadas.
En efecto, ¿cómo se entiende que una administración declaradamente feminista, frente a una denuncia de agresión sexual, la mayor de las afrentas de género, no tomara medidas inmediatas que indicaran ante la opinión pública la gravedad de lo denunciado? ¿Cómo es que la posible comisión de un delito por Monsalve, al haber requerido a Investigaciones acceder a los registros visuales de las cámaras de un hotel, no encendiera las alarmas del Presidente y de la ministra Tohá cuando conocieron de ello? ¿Es que intentaban evitar los eventuales costos de aquello a días de la elección municipal, ganando así algo de tiempo? ¿Acaso las consecuencias políticas del incidente tuvieron preeminencia sobre su juicio respecto de la cadena de irregularidades que se han conocido? Incluso la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, frente a cuestionamientos por su manejo en este episodio, ha reclamado por qué, ante una eventual agresión sexual sufrida por una mujer, se critica a la ministra del ramo y no al agresor, usando la victimización feminista para eludir lo que se le estaba planteando. Ello, aparte de su desafortunada referencia al oficio de los porteros, cargada de connotaciones que el actual oficialismo suele reprochar con escándalo cuando son otros los que incurren en ellas.
El estandarte moral ha quedado estropeado, una vez más, por las distintas aristas que este caso está mostrando, y debería constituir una poderosa lección a quienes participan en política, para no utilizarlo como bandera de superioridad ante el resto. Las pulsiones de la naturaleza humana están siempre al acecho, y como algunas de ellas no conversan bien con los estándares morales a los que aspiramos, quienes actúan en política deberían internalizarlo y no adjudicarse superioridades que seguramente no estarán en condiciones de cumplir.
Este caso debería constituir una poderosa lección a quienes participan en política, para no utilizar el estandarte moral como bandera de superioridad ante el resto.