La Nación, Costa Rica
27 de octubre de 2024
La Dirección Jurídica de la CCSS decidirá si anula las restantes contrataciones millonarias adjudicadas por la Junta Directiva para la gestión de 10 Ebáis, tras una solicitud de la directora de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios. Estas se investigan en el Caso Barrenador.
La Dirección Jurídica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) deberá resolver si anula las restantes contrataciones millonarias adjudicadas por la Junta Directiva el 6 de julio para la gestión de 10 Ebáis, tras una solicitud de la directora de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios, el pasado 24 de octubre.
El 17 de octubre, la Contraloría General de la República (CGR) anuló una de las adjudicaciones otorgadas a la Cooperativa Cogestionaria de Salud de Santa Ana R. L. (Coopesana) por una "nulidad absoluta, evidente y manifiesta" en los términos del contrato, luego de que la empresa Psicomed apelara el acto final. Según la CGR, la Junta Directiva no basó la adjudicación en un estudio de razonabilidad de precios.
La adjudicación anulada corresponde a la tercera de diez partidas en total, dentro de la licitación de la CCSS. Tras declarar esta nulidad, la Contraloría indicó que no podía pronunciarse sobre las demás adjudicaciones, ya que estas no fueron impugnadas por contar con un solo oferente (el que recibió el contrato).
Por esta razón, la Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios realizó un análisis para evaluar la posible nulidad de las partidas restantes. La Nación tuvo acceso a este documento, con fecha 23 de octubre, donde se detalla que las partidas uno, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez también podrían ser anuladas, pues sus actos finales se fundamentaron en los oficios "Análisis cuantitativo para la gestión de las Áreas de Salud contratadas a terceros" y N.° GM-DPSS-0331-2024, en los cuales no se establece de manera explícita la razonabilidad del precio para cada partida.
Como resultado, se envió un oficio a la Dirección Jurídica solicitando la revisión correspondiente y la emisión de un criterio técnico sobre el caso para determinar si se debe declarar o no la nulidad del resto de las partidas.
Partidas restantes: ¿cuáles son?
El Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) refleja que la CCSS adjudicó las 10 áreas de salud, que atienden a 600.000 asegurados, aproximadamente por ¢471.000 millones a cinco entidades: Asemeco; Cooperativa Autogestionaria de Servicios Integrales de Salud (Coopesalud); Cooperativa Autogestionaria de Servidores para la Salud (Coopesaín); Cooperativa Cogestionaria de Salud de Santa Ana (Coopesana) y Cooperativa de Autogestión de Servicios Integrados de Salud de Barva (Coopesiba).
Las partidas uno y dos corresponden a la Cooperativa Cogestionaria de Salud de Santa Ana (Coopesana), misma cooperativa a la que se revocó la contratación del Área de Salud San Francisco-San Antonio, en San José, por ¢31.310 millones (correspondiente a la partida tres).
Las dos partidas restantes corresponden a las áreas de salud de Escazú (¢50.269 millones) y Santa Ana (¢49.014 millones).
Las partidas cuatro y cinco fueron otorgadas a la Asociación de Servicios Médicos Costarricenses (Asemeco), correspondientes a las áreas de salud de La Carpio-León XIII y San Sebastián-Paso Ancho, por ¢45.740 millones y ¢39.237 millones, respectivamente, durante esos 10 años.
Por su parte, la Cooperativa Autogestionaria de Servicios Integrales de Salud R. L. (Coopesalud) debía encargarse de las áreas de salud de Pavas por ¢78.290 millones y Desamparados 2, por ¢65.228 millones (partidas seis y siete).
A la Cooperativa Autogestionaria de Servidores para la Salud Integral R. L. se le otorgó la partida ocho, para el área de salud de Tibás, por ¢39.558 millones durante una década.
Finalmente, las partidas nueve y diez corresponden a la Cooperativa de Autogestión de Servicios Integrados de Salud de Barva R. L. Se trata de las áreas de salud de Barva y San Pablo, en Heredia, por ¢28.802 millones y ¢43.710 millones, respectivamente.
