Ley minera en discusión

Ricardo Arquez Benavides
La magnitud del conflicto desgarrador en Colombia, no aguanta la tentación de una reforma a la ley o del código minero (ley 685-de 2010), si esta no le apuesta a los desafíos a la solución de las causas y efectos que lo originan, que termina profundizándose con los tropiezos de la gobernanza institucional existente, y que, ante el conflicto recrudecido en el sector minero, deja interrogantes, que demanda de cambios y soluciones efectivas. La reforma plantea una diversidad de fórmulas para un modelo de operación a la industria minera, implementación de innovadores requisitos que según el texto no minimizan la tramitología sino que lo hacen costosos y demorados, mecanismos para el ingreso de los minerales hacia la transición energética, otros tramites en materia de consulta previa licenciamiento ambiental, y consenso social, ordenamientos para el otorgamiento de nuevos títulos de manera especial a la minería de subsistencia, una visión compleja sobre el derecho de prelación, sin profundizar en las condiciones sociales y económicas de las comunidades nativas, y otros, que lejos de aspirar a cambios profundos al desarrollo de la industria minera, no se siente dentro de la legislación como se va habilitar las condiciones sociales y económicas para darle solución al conflicto que sigue explotando a diario en las regiones, y ante el esparcimiento del Clan del Golfo y otras subestructuras de la guerrilla en la geografía nacional, que ha "atrapado" a mineros, y a sectores de la economía. Nuestra legislación ha sido históricamente impositiva, suena exagerado decirlo. Hay leyes que encadenan, y que no tienen dientes como la ley 70 de las Comunidades Negras, la ley de los servicios públicos, o la ley 1454 de 2011 "orgánica" de ordenamiento territorial, que no han resuelto nada, no son sostenibles. El fuerte determinismo que desde los escritorios pretende sacar a una nueva ley minera, corre el riesgo de caer en el fatalismo si no se enfoca con sostenibilidad, si se prescinde de la voluntad de los mineros y del resto de la población circundante no minera, ante el recrudecimiento del conflicto regional y de las trampas mortales de la gangrena de la economía subterránea, o por la afectación de los daños ocasionado por el cambio climático. Como bien dijo el filósofo barranquillero Nieto Arteta, muchas veces la ley parece ir por su cuenta, dejando de lado las decisiones humanas, convirtiéndose en un instrumento de poder más que en una herramienta de justicia. Es alucinante la propuesta del gobierno, esta encierra paradojas y contradicciones. Si bien promete fortalecer derechos, y que, ante la debilidad económica y cultural de las comunidades con una concepción mental complicada, y por la falta de medidas contra la minería ilegal, las dejaría en una situación vulnerable que incrementaría el conflicto.
Analista de política minero-energética. arquezbasesores@gmail.com