Penalistas advierten eventual irregularidad en conocimiento del Gobierno sobre existencia de denuncia

Al menos dos flancos son los que abrió la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, durante el punto de prensa realizado ayer, en el que abordó la investigación que lleva adelante el Ministerio Público respecto del Presidente Gabriel Boric, por un eventual delito de difusión de imágenes privadas. Esto, ya que, en sus palabras, la portavoz de La Moneda desestimó la acusación, sin aún un pronunciamiento de los órganos llamados a esto, y, además, dejó entrever un acceso presuntamente anticipado a la acción penal en contra del jefe de Estado.
"Estamos enfrentando una denuncia sin sustento sobre hechos que jamás ocurrieron", dijo Vallejo ante los medios.
Ante esto, Ymay Ortiz, exjefa de la Unidad de DD.HH., Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, en Mega, calificó lo anterior como un "error", especificando que "el órgano en nuestro país encargado de desestimar las denuncias no es el Ejecutivo, sino que el Ministerio Público, que tiene una facultad de iniciar investigación si recibe una denuncia (...) y luego, los tribunales de justicia. Por lo tanto, no es su rol desestimar denuncias".
Sobre el acceso a la denuncia en contra del Presidente, en tanto, Vallejo dijo que "el 9 de septiembre se pesquisa la existencia de una denuncia inespecífica, por parte de revisiones que se hacen periódicamente por sistema, y se encuentra una denuncia inespecífica que había sido ingresada el 6 de septiembre, días antes".
Eventual delito informático
Sus palabras levantaron nuevas dudas sobre cómo La Moneda tomó conocimiento del caso, algo que incluso ahora es investigado por la fiscalía (ver nota superior). Al respecto, abogados advierten eventuales irregularidades, teniendo en cuenta el carácter reservado de la indagatoria.
Al respecto, el exfiscal jefe de La Serena, Marcelo Sanfeliú, señala que, a partir de lo señalado por Vallejo, "la pregunta es a qué sistema se refiere, porque entendemos que la denuncia se presentó en el Ministerio Público, y la base de datos de la fiscalía es reservada y solo tienen acceso a ella los fiscales y los distintos intervinientes de cada caso particular. Distinta es la base de datos del Poder Judicial, la cual es pública y cualquier persona puede acceder a ella. Pero, incluso en este caso, con criterios de búsqueda acotados".
En esta línea, añade que "en el caso de la fiscalía, para una búsqueda o revisión periódica por el nombre o el RUT del Presidente, es necesario tener un privilegio de acceso especial a su base de datos. Más aun si el fiscal regional de Magallanes confirmó que se trata de una investigación desformalizada y reservada".
Coincide con lo anterior la abogada penalista Catherine Lathrop, quien agrega que "no puede ser que para ejercer su defensa (del Presidente) se cometan delitos, en particular estamos hablando de un acceso ilícito establecido en el artículo 2 de la Ley 21.459 de delitos informáticos; esto ocurre cuando se ingresa ilegítimamente al sistema de la fiscalía para monitorear permanentemente a los sujetos de interés. En este caso, se revisó al Presidente y, en consecuencia, el Ejecutivo se inmiscuye en un órgano autónomo como la fiscalía y no se está dejando que las instituciones funcionen".
Así, advierte que "no debemos olvidar que las investigaciones, por ley, son secretas y solo pueden acceder a ellas los intervinientes, los que deben seguir un conducto regular, previsto para cualquier ciudadano, para acceder a aquella información sensible".
Alegar prescripción de los hechos no sería "conveniente"
Sobre el contenido de la denuncia, en relación con el tiempo que ha transcurrido, pues todo habría ocurrido entre los años 2013 y 2014, Cristián Riego, académico de Derecho Penal de la U. Diego Portales, sostiene que, "aparentemente, se trataría de hechos prescritos, pero según lo que dice el Presidente, además, aquí no hay ningún hecho que tenga realmente ningún significado".
Con todo, junto con destacar la importancia de que la fiscalía investigue "todo", Riego señala que, "ciertamente, no me parecería conveniente para el Presidente pedir que se declare la prescripción, me parece que eso sería un error de su parte, pero hasta ahora no ha dicho nada semejante".
Coinciden con lo anterior tanto Lathrop como Sanfeliú, quienes destacan que sería clave conocer la fecha de la última eventual difusión de las imágenes privadas, pues a partir de ahí podría computarse el plazo de prescripción, equivalente a cinco años en el caso de los delitos sin pena de crimen (superior a cinco años y un día), y seis meses en cuanto a faltas.
Sobre esto, el expersecutor señala que "se entiende que la estrategia de defensa se construirá en base a una inversión de roles. Es decir, que el hostigado es el Presidente y no la denunciante. Esa estrategia puede rendir frutos en la medida que no existan o aparezcan otras comunicaciones entre ambos, ya sea por correo electrónico u otras plataformas como WhatsApp, por ejemplo".
Y, en paralelo, Lathrop agrega que, además, "si en el ejercicio de defensa se accedió -por quien sea- a contenido sensible y sujeto a restricción, aquel acceso indebido, penado por ley, tendría la cualidad de que -cumpliéndose requisitos adicionales- interrumpiera la prescripción de la acción penal".
"¿Por qué en algunos casos se le cree a la víctima de inmediato?"
En paralelo a lo anterior, Sanfeliú advierte otro elemento, referido al tratamiento de las víctimas, en comparación, por ejemplo, al caso Monsalve.
Así, señaló que, en su extenso punto de prensa del 18 de octubre, el mandatario remarcó la presunción de inocencia del exsubsecretario, y que esperó "varios días para decir que sí le creía a la víctima".
"Ahora sabemos que, a esa fecha, el presidente ya sabía desde inicios del mes de septiembre de la existencia de esta denuncia y que el 14 de octubre comunicó a sus ministros del comité político que estaba denunciado", apunta.
Y añade: "Quizás lo más complejo en estos casos, en un gobierno que abiertamente se declara feminista, es el actuar objetivo en todos los casos. Es decir, ¿por qué en algunos casos se le cree a la víctima de inmediato y en otros, como este, no se le cree, y quien tiene la razón es el denunciado por ser el Presidente de la República?
Reserva La investigación se desarrolla bajo reserva y se encuentra desformalizada.