Sinceramiento de cuentas fiscales

El gradual debilitamiento de las cuentas fiscales, con un déficit que se mantiene alto y una deuda que se acerca al nivel prudencial (45% del PIB) debería captar la atención del mundo político. Con un crecimiento tendencial en torno al 2%, Chile no tiene capacidad de sostener los niveles de gasto actuales. La facilidad con que se avanzó en un reajuste del sector público muy por sobre el nivel de inflación -un 4,9% más muchos otros beneficios- es señal de un descuido por este tema que se reflejará en el balance público.
Pero existen diversas ocasiones en que iniciativas públicas no necesariamente se reflejan en las cuentas fiscales. En el debate económico, esto se ha traducido en cuestionamientos respecto de, por ejemplo, lo que se consideran partidas de gasto que van "bajo la línea", a propósito de pasivos que artificialmente no son asignados al gobierno central. Por cierto, el Fondo Monetario Internacional ha desarrollado definiciones y protocolos para contabilizar correctamente las obligaciones del Estado. Sin embargo, la creatividad contable se ha extendido, contraponiéndose con lo que se consideran prácticas responsables en materias presupuestarias.
Un ejemplo lo describe el último informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) sobre el Crédito con Aval del Estado (CAE). Las alertas del CFA son variadas para uno de los pilares del financiamiento para estudiantes de educación superior, el que solo en el período 2019-2023 ha significado la compra de créditos CAE por parte del Estado equivalentes a US$ 2.665,9 millones.
El texto concluye que los registros contables del fisco no han reflejado de manera adecuada los impactos del CAE, con errores en la asignación de partidas que han significado tanto sobreestimar los ingresos del Estado como subestimar los gastos. El efecto sobre el balance fiscal de estas deficiencias se estima en 0,1% del PIB.
El CFA también levanta una alerta respecto de la posible existencia de "un monto considerable de créditos incobrables en poder del fisco que no han sido reconocidos como tales". Esta grave situación podría esconder significativas cantidades que deberían sumarse al gasto público. De ahí el llamado a la Dirección de Presupuestos a revisar instrumentos de prudencia fiscal y desarrollar una estrategia de transición para evitar que el registro de aquellas golpee repentinamente un ejercicio presupuestario. Las consecuencias macroeconómicas de esta posibilidad exigen atención inmediata. El informe además demanda una mayor disponibilidad de información sobre el CAE. Esta debería considerar reportes periódicos de indicadores conducentes a tener un diagnóstico del tamaño de las obligaciones financieras del fisco, incluyendo la cuantificación del riesgo de pasivos futuros por una mayor demanda de créditos, aumentos en los aranceles financiados y un crecimiento de la incobrabilidad.
Frente al listado de gruesas fallas contables y de transparencia dentro del fisco detalladas por el CFA, sorprende la temeridad con que el Gobierno ha planteado un modelo para reemplazar el CAE. Sin la capacidad para analizar el sistema actual, parece difícil diseñar y debatir alternativas.
Todo esto tiene amplias implicancias. Una directa e inmediata es la previsional, particularmente en la idea de constituir un Fondo Solidario financiado con recursos públicos y aportes de los contribuyentes descritos como un "préstamo".
En primer lugar, preocupa el análisis del segundo informe del Comité Técnico en el tema de pensiones que plantea que la cantidad de recursos fiscales requeridos para que dicho fondo sea sustentable "está por sobre el espacio fiscal". Avanzar en un modelo sin financiamiento de largo plazo no parece recomendable. Segundo, y también respecto del fondo, la utilización de estructuras para evitar sincerar el tamaño de los pasivos fiscales debe ser una práctica a erradicarse. Si la propuesta previsional incluye forzar inversiones en algún tipo de deuda con aval público, lo más responsable es hacerlo en instrumentos de deuda propiamente tal. Justificar lo contrario por el eventual impacto sobre las cifras de deuda pública no es solo injusto para la población, sino una extensión de la creatividad contable que critica el CAF.
La utilización de estructuras para evitar sincerar el tamaño de los pasivos fiscales debe ser una práctica a erradicarse.