Los cantos de Bukele

El Salvador es un país centroamericano con poco más de seis millones de habitantes,y un PIB per cápita un cuarto del chileno. Ha sido el país más violento del mundo, exceptuando las naciones en guerra, con una tasa máxima de homicidios cada 100 mil habitantes de 105 en 2015, consecuencia de la extrema violencia ejercida por pandillas criminales, tanto entre ellas como hacia fuerzas de seguridad y civiles. En 2024 esta cifra bajó a 1,9, la más baja de la que hay registro, lo que lo ha hecho famoso y generado el favoritismo entre los chilenos a su Presidente, Nayib Bukele, quien lo ha atribuido a sus políticas de mano dura. De cara al año electoral que enfrentamos y en que la seguridad será un tema central, cabe analizar un poco más el caso salvadoreño.
Veamos primero la causalidad entre su mandato presidencial y las cifras de homicidios. Resulta que la tasa más alta de este siglo fue en 2015, y el desplome empezó en 2016. Si bien entre 2019 y 2024, durante la presidencia de Bukele, la reducción fue de 95%, entre 2015 y 2018 la reducción fue de 66%. Es decir, el punto de inflexión en la tasa de homicidios no coincide con la asunción de Bukele.
Durante esos tres años previos a ser presidente, Bukele fue alcalde de la capital, San Salvador, cuya área urbana concentra casi la mitad de la población. ¿Será que logró resultados que impactaron la tasa nacional? En las páginas web oficiales (Ministerio de Justicia y Seguridad, Fiscalía Nacional y Presidencia) en general hay muy pocos datos, y no hay cifras desagregadas por ciudad. Además, la descripción de su trayectoria política en la página de la Presidencia da cuenta de que se concentró en intervenir el casco histórico, mejorar la iluminación, instalar cámaras de televigilancia y la educación, sin mencionar una reducción en el homicidio que, de haberla, sin duda habría incluido. Es decir, un simple análisis temporal de los datos que hay no permite sostener que las políticas de mano dura del Presidente Bukele hayan causado la baja del homicidio.
¿Quizás los datos de encarcelamiento sí dan cuenta de alguna correlación? Sucede que las cifras sobre reclusos son aún más escasas. Las cárceles salvadoreñas han sido muy noticiosas, pero no hay datos desde 2020 disponibles en internet. Un medio internacional reportó en septiembre de 2023 que el Ministro de Seguridad dio información pública por primera vez, declarando que se habían arrestado a más de 72 mil personas bajo sospecha de ser miembros de pandillas. Esto habría triplicado la cantidad de reclusos, llegando a alrededor de 100 mil, cerca del 1,6 por ciento de la población, y es la tasa de reclusión más alta del mundo. Es decir, ni siquiera es posible contrastar estos dichos con datos o testear alguna correlación temporal de los homicidios con la cantidad de reclusos.
Sin duda, debe haber alguna otra explicación. Diversos analistas y medios de prensa sostienen que lo que realmente hay detrás de la reducción de homicidios son negociaciones secretas con las pandillas, primero en San Salvador para controlar el casco histórico y después, en la presidencia. Esta explicación sí se correlaciona temporalmente con la caída en los asesinatos. Adicionalmente, homicidios cometidos por las pandillas en marzo de 2022 habrían quebrado el pacto y gatillado que Bukele decretara el estado de excepción, aún vigente, y la encarcelación masiva.
¿Es un país que llegó a tener 1.400 por ciento más homicidios que nosotros, que no publica estadísticas oficiales básicas, que tiene una larga historia de negociación con las pandillas enraizadas por décadas en el territorio, y cuyas instituciones democráticas se están deteriorando según todos los informes internacionales siendo catalogado, por ejemplo, solo como "parcialmente libre" por Freedom House, un modelo a seguir para Chile? Toda la evidencia sobre el progreso sostenible de las naciones y su seguridad apunta, justamente, a lo contrario: la clave está en la calidad de las instituciones y las políticas públicas. Y aunque se dice que soñar no cuesta nada, en años electorales sí es costoso, porque usar estos casos como ejemplos de éxito distraen a la ciudadanía de lo que sí deben exigir a sus gobernantes y a todas las instituciones del Estado: transparencia, eficacia, y rendición de cuentas. Las promesas de acabar con la violencia en un corto plazo, sin sustento técnico y a punta de mera voluntad política, no son más que cantos de sirena.