Secretarios y prosecretarios de la Presidencia, actuales y futuros, se reunieron ayer en Torre Ejecutiva; se ofreció al FA proponer cambios, pero se aclaró también que estos no serán vinculantes.
El gobierno de Luis Lacalle Pou le confirmó al electo de Yamandú Orsi que firmará el contrato con el Consorcio Aguas de Montevideo para la construcción de la planta potabilizadora de agua prevista en la zona de Arazatí, en SanJosé. No obstante, le planteó "cuatro o cinco alternativas", sobre las que la administración actual "está dispuesta a trabajar" para lograr el mayor consenso sobre el proyecto con las autoridades electas.
En un intercambio "franco y directo", como lo definieron ambos, el actual secretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, y su sucesor, Alejandro Sánchez, se reunieron ayer para hablar de Arazatí, uno de los temas más ásperos de la transición hacia el 1 de marzo.
Aclarada su posición ante Sánchez, el gobierno espera una pronta respuesta, aunque ya se aclaró que, de todas formas, esta -aunque sea tenida en cuenta- no será vinculante. Ni para la firma del contrato ni para las características que, finalmente, tenga la obra.
Así lo dejó claro la actual administración, que procura de esta forma una definición en una de las obras claves de la gestión que termina, y que ha generado grandes diferencias en las últimas semanas entre ambos bloques.
La fecha de su concreción de la firma de la obra está en manos de Lacalle Pou, que "dirá cuándo" será el día.
"El presidente ya dijo que se va a firmar", precisó el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, que estuvo presente en la reunión para "defender" el informe elaborado por su cartera sobre el proyecto Arazatí ante su sucesor designado, Edgardo Ortuño.
"Es un informe contundente, que no ha tenido objeciones desde el punto de vista académico ni político", expresó el actual ministro. "El gobierno actual es receptivo a que el electo haga sus formulaciones", remarcó Bouvier. "Esto está bueno. Esto tiene que ser una política de Estado", agregó.
Las propuestas
El proyecto privado incluye un área de captación de agua del Río de la Plata, una planta potabilizadora, una reserva de agua bruta (pólder) para ser utilizada eventuales episodios de salinidad, un terreno de lodos del tratamiento del agua y una cañería que se conecta a la red hídrica. Para llevarlo adelante, OSE pagará unos US$ 50 millones anuales por 17,5 años, que suman unos US$ 900 millones.
Ante las resistencias que ha generado el proyecto, y con la voluntad expresa de avanzar en una definición es que el gobierno de Lacalle Pou le presentó al de Orsi una serie de modificaciones que, se confía, contribuyan a "mejorar" el proyecto y ha lograr, quizá, un consenso. Una de las opciones que se manejan es hacer la obra con un pólder más chico, o tal vez, quitarlo. Ante la eventualidad de la última opción, se dejaría a la planta sin operar en casos de salinidad, pero no se modificaría en forma considerable la inversión, al significar apenas unos US$ 20 millones de reducción.
Ninguna de las alternativas maneja un posible cambio de ubicación de la obra.
Según Bouvier, los eventuales cambios no requerirían una nueva autorización ambiental más allá de la concedida a principios de diciembre al proyecto vigente. El ministro actual y el entrante mantendrán el próximo miércoles una reunión bilateral, enmarcada en el proceso de transición en esa secretaría de Estado.
El gobierno electo
Sánchez recordó las críticas del Frente Amplio hacia los aspectos generales del proyecto, en particular, a los vinculados a su impacto ambiental y a su financiamiento. No obstante, consideró que fue "muy buena reunión" la de ayer, pues se pudo "actualizar la información". Ahora el equipo de Orsi estudiará las alternativas presentadas y definirá, con detenimiento, si aceptan levantar las observaciones que la izquierda le ha formulado al proyecto. "No es un tema para estar talenteando", dijo Sánchez.
El futuro secretario de la Presidencia valoró la instancia, de este jueves, que permitió intercambiar "ideas y propuestas", aunque precisó las responsabilidades de cada administración. "Nosotros comenzamos a gobernar el 1 de marzo", señaló.
El plebiscito
Sánchez debió enfrentar a la salida de la reunión los cuestionamientos de algunas decenas de integrantes del Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) y del Movimiento Tucu -Tucu, que le recordaron que el Frente Amplio "nunca se opuso" en sí a la construcción de la obra.
"Acordáte del plebiscito", le pidieron, en alusión a la consulta que, en octubre de 2004, dejó en manos del Estado la distribución de agua potable y saneamiento.
Privado dice que está todo pronto para comenzar
En la reunión participó Alejandro Ruibal, director de Saceem, una de las empresas que integra el Consorcio Aguas de Montevideo. Fuentes políticas indicaron a El País que el empresario concurrió a presentarles a las autoridades electas un informe "técnico" sobre el proyecto, incluidas las modificaciones sugeridas". El consorcio ya expresó estar pronto para iniciar las obras de inmediato, para lo cual cuenta con financiamiento aprobado. Con todo, la puesta en marcha efectiva demorará varios meses.
El País, Uruguay
17 de enero de 2025
